El Consejo de Ministros ha anunciado este martes un nuevo paquete de decisiones que moviliza cientos de millones de euros, con Ceuta como uno de los principales destinos de las partidas aprobadas. El Ejecutivo ha reservado 507,5 millones de euros para reforzar distintos servicios de la ciudad autónoma, en plena invasión tras la llegada masiva de inmigrantes ilegales.
Una parte importante de esa cantidad, tal y como avanza The Objective, estará vinculada directamente a la gestión migratoria. Según las cifras anunciadas, 53,4 millones de euros se dedicarán a alimentación y atención de extranjeros en situación ilegal, mientras otros 63,6 millones financiarán la atención a menores extranjeros no acompañados (menas). A ello se añaden 710.000 euros para organizaciones como Save the Children y ACNUR y otros 44,5 millones destinados a obras y suministros esenciales relacionados con la atención a inmigrantes.
El paquete para Ceuta contempla además 90 millones para Seguridad, nueve millones para la desalinizadora, 4,5 millones para Justicia, 3,5 millones para Sanidad y 3,2 millones para Educación. El Gobierno también ha incluido alrededor de 80 millones en rebajas fiscales y diferentes líneas de ayudas. Por separado, el Consejo de Ministros ha autorizado otros 21,5 millones en ayudas directas para Ceuta y Melilla.
Las decisiones adoptadas este martes no se limitan a la ciudad autónoma. En materia de Defensa, el Ejecutivo ha autorizado alrededor de 500 millones de euros para diferentes adquisiciones y actuaciones, entre ellas víveres, cascos, granadas, carretillas, un buque y trabajos relacionados con ingeniería aérea.
Interior también recibirá una nueva inyección presupuestaria. El Gobierno ha previsto un suplemento de crédito de 16,65 millones de euros destinado a sufragar la asistencia sanitaria penitenciaria. Sanidad, por su parte, adquirirá 613.600 vacunas proteicas contra la COVID-19 por un importe superior a 14 millones de euros, al tiempo que ha dado luz verde al proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo la distribución de 432,8 millones de euros procedentes de la asignación tributaria destinada a fines sociales entre las comunidades autónomas correspondientes. País Vasco y Navarra quedan fuera de este reparto por sus respectivos sistemas fiscales.
Las partidas aprobadas para Ceuta vuelven a situar la gestión de la crisis migratoria en el centro del debate político. Mientras el Ejecutivo presenta los fondos como un refuerzo de los servicios públicos y de la capacidad asistencial de la ciudad, sus críticos cuestionan que una parte considerable del gasto se destine a mantener estructuras de acogida y atención en lugar de concentrar los esfuerzos en acelerar los procedimientos de retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
