La gestión del agua en España sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Basta recordar las devastadoras inundaciones de la gota fría en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que dejaron más de 220 muertos, o la incapacidad institucional para almacenar agua en épocas de sequía. A ello se suma la demolición de embalses y presas bajo el dogma del catastrofismo climático, mientras proyectos que podrían evitar tragedias futuras, como el embalse del Barranco del Pollo, siguen sin avances reales.

En lugar de afrontar con seriedad este problema, el Gobierno central prefiere destinar recursos millonarios a Iberoamérica bajo el paraguas de la cooperación climática. El dinero fluye hacia programas como Euroclima, diseñado por Bruselas para una «transición verde y justa con América Latina y el Caribe», y hacia proyectos propios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Exteriores, como Arauclima y Arauclima+, según detalla Pablo Cambronero en The Objective.

El balance es llamativo: desde 2015 hasta principios de 2024, Arauclima ha financiado 41 proyectos en el Caribe y América Latina por un total de 10,2 millones de euros. Las justificaciones siempre giran en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la omnipresente palabra «sostenibilidad». Sólo en este programa se consignan partidas como 1,27 millones para «alianzas público-privadas, comunicación, género y cambio climático» o 2,29 millones para «agricultura resiliente». Un lenguaje hueco que esconde un uso opaco del dinero público.

El caso de Arauclima+ es aún más revelador: gestionará 40 millones de euros en diez años con el mismo pretexto, la «mitigación y adaptación al cambio climático». En realidad, otra vía para movilizar fondos europeos que acaban saliendo del bolsillo de los contribuyentes.

Las cifras oficiales confirman la magnitud de estas partidas. Según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, desde 2018 hasta julio de 2025 se han destinado 8,3 millones de euros en subvenciones del programa Arauclima. Todas ellas bajo la fórmula de «subvenciones dinerarias sin contraprestación», que en la práctica equivale a regalos sin control.

Algunos ejemplos ilustran bien el sistema. El 28 de diciembre de 2022, Aecid transfirió 449.407 euros al Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático de Guatemala bajo el epígrafe «paisajes socio-ecológicos». Ese mismo día, otros 400.000 euros fueron a parar a Bolivia para «diálogos conservación bofedales y sitios Ramsar». El 16 de febrero de 2024, otros 400.000 euros fueron entregados al Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño con la justificación genérica de «gestión de sequías y desarrollo de políticas públicas».

La lista es interminable. Con el relato climático como pretexto, se han multiplicado proyectos, organizaciones y entes que comparten una característica: se financian con dinero público. Mientras tanto, en España se siguen acumulando problemas estructurales en la gestión de un recurso vital como el agua. La cooperación climática internacional se convierte así en un agujero negro para el erario, mientras los ciudadanos padecen sequías, inundaciones y la demolición de infraestructuras que podrían salvar vidas.