El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro del debate ferroviario tras el grave accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), una tragedia que ha reabierto con fuerza las dudas sobre si el nivel de inversión real en mantenimiento de la red es suficiente para garantizar la seguridad del sistema de alta velocidad español.
La conmoción por el siniestro ha coincidido con la recuperación de datos que ya apuntaban a una tendencia preocupante: aunque el presupuesto global destinado por Adif a la conservación de la red ha aumentado en términos absolutos, el esfuerzo proporcional respecto al valor del patrimonio ferroviario ha disminuido de forma clara en la última década. En concreto, por cada millón de euros en infraestructuras, hoy se destina un 16% menos a su conservación que en 2015.
Según las cifras conocidas, hace diez años Adif Alta Velocidad invertía más de 33.000 euros por cada millón de euros de red, mientras que actualmente esa cantidad se ha reducido a menos de 28.000. Una caída que resulta aún más significativa si se tiene en cuenta que estos datos no están ajustados a la inflación y que el valor contable de la red ya incluye amortizaciones.
Esta evolución se ha producido, además, en un contexto de fuerte crecimiento de la propia infraestructura. En el mismo periodo, la red de alta velocidad ha sumado más de 800 kilómetros, acercándose a los 4.000 totales, y su valor ha pasado de unos 15.500 millones a casi 18.000 millones de euros. Sin embargo, ese incremento en tamaño y valor no ha ido acompañado de un refuerzo equivalente en los recursos dedicados a su conservación.
Sólo en los primeros meses del 2025, se produjeron episodios que han afectado gravemente al servicio: desde el apagón eléctrico del 28 de abril, que paralizó durante horas toda la alta velocidad y dejó varados a más de 30.000 viajeros, hasta los robos de cable en Toledo y los fallos en la catenaria que marcaron el puente de mayo. A ello se sumaron, ya en junio, el descarrilamiento de un Alvia en Chamartín y una caída de tensión que inutilizó durante más de doce horas el corredor hacia Andalucía.
Estos antecedentes han llevado a distintos expertos y fuentes del sector a advertir de carencias estructurales en la gestión ferroviaria, derivadas en parte de la fragmentación entre operadores, gestor de infraestructuras y empresas subcontratadas, lo que dificulta una actuación rápida y coordinada ante imprevistos. Desde Adif se reconoce que la red está sometida a una tensión creciente, aunque se insiste en que las partidas de conservación se han incrementado.
La tragedia de Adamuz, aún bajo investigación, ha convertido ese debate técnico en una cuestión política de primer orden. La oposición ya ha reclamado explicaciones al Ejecutivo sobre si la política de mantenimiento aplicada en los últimos años ha sido suficiente o si, por el contrario, se ha priorizado la expansión de la red frente a su conservación efectiva.
