El Gobierno de Pedro Sánchez enviará dos millones de euros para financiar la reconstrucción del sistema central de calefacción de la localidad ucraniana de Sammar, con el objetivo de restablecer el suministro térmico a más de 28.000 personas, según ha anunciado el Ejecutivo en un comunicado oficial publicado en la web de La Moncloa.
La ayuda se canalizará a través de un proyecto conjunto impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Naciones Unidas. La intervención se centrará en rehabilitar las infraestructuras energéticas dañadas como consecuencia de la guerra, permitiendo que miles de hogares vuelvan a disponer de calefacción en pleno invierno.
Esta inversión forma parte del nuevo paquete de apoyo económico de España a Ucrania, que incluye además el despliegue de un instrumento financiero de 200 millones de euros destinado a la reconstrucción de infraestructuras estratégicas, coordinado por la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania. Según el Ejecutivo, este plan permitirá la participación directa de empresas españolas en proyectos vinculados a la energía, el transporte y la gestión del agua.
A este bloque de ayudas se suma también la movilización de 215 millones de euros a través del instrumento europeo SAFE para la producción de sistemas de defensa aérea, como equipos antidrones y radares de vigilancia, muchos de ellos desarrollados por compañías españolas.
En paralelo, el Gobierno ha firmado varios memorandos de entendimiento con Ucrania, entre ellos uno para reforzar la cooperación frente a la desinformación rusa y otro para estrechar la colaboración en el ámbito turístico.
La decisión de destinar fondos públicos a sistemas de calefacción en Ucrania contrasta, sin embargo, con la situación que viven millones de hogares en España, donde este invierno muchas familias no podrán permitirse encender la calefacción debido a la crisis energética, el incremento del precio de la electricidad y el encarecimiento general del coste de la vida. Organizaciones sociales y asociaciones de consumidores llevan meses alertando de un aumento de la pobreza energética, especialmente entre pensionistas, desempleados y familias con bajos ingresos.
Mientras el Ejecutivo defiende estas inversiones como parte de su compromiso internacional con Ucrania, crece el debate social sobre la prioridad del gasto público en un contexto en el que una parte significativa de la población española afronta dificultades severas para afrontar los gastos básicos del invierno.
