El Gobierno de Pedro Sánchez destinó un total de 2,9 millones de euros al traslado en avión de inmigrantes en situación ilegal desde Canarias a la península entre enero y marzo de 2024, según un documento oficial de adjudicación publicado en el marco de la ampliación de la emergencia migratoria y adelantado por @CanarioToday.
El gasto, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2024, tenía como objetivo la prestación de servicios para el transporte aéreo de 9.240 personas y fue adjudicado a la ONG Accem, encargada de la gestión del dispositivo. El contrato, exento de IVA, se formalizó al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público por la vía de emergencia.
De acuerdo con la documentación, el importe de 2.956.800 euros cubre exclusivamente la gestión del servicio por parte de la entidad adjudicataria, lo que supone un coste aproximado de 320 euros por persona trasladada, sin incluir el precio de los billetes de avión ni las tasas aeroportuarias.
Si se suman los contratos suscritos con las aerolíneas y los costes asociados a las tasas en los aeropuertos de Canarias, el gasto total del operativo se eleva hasta los 7,5 millones de euros, lo que supera los 800 euros por inmigrante trasladado a la península.
El contrato tuvo un plazo de ejecución limitado, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024, coincidiendo con uno de los periodos de mayor presión migratoria en el archipiélago canario. El Ejecutivo justificó este tipo de actuaciones como una medida necesaria para aliviar la saturación de los recursos de acogida en las islas.
La publicación del documento ha reavivado el debate político sobre la gestión migratoria del Gobierno, el uso de fondos públicos y el papel de las ONG en los dispositivos de traslado. Mientras el Ejecutivo defiende que se trata de una actuación humanitaria y legal dentro de un contexto de emergencia, sus críticos cuestionan tanto el coste del operativo como el modelo de reparto de inmigrantes en el territorio nacional.
El caso se suma a otras adjudicaciones similares realizadas en los últimos años y vuelve a situar la política migratoria del Gobierno en el centro de la controversia pública.
