El Gobierno de Pedro Sánchez destinó cerca de 270.000 euros a Marruecos mediante dos contratos dirigidos precisamente a combatir el tráfico ilegal de inmigrantes y la trata de seres humanos durante los tres meses inmediatamente anteriores a la invasión migratoria que desbordó Ceuta el pasado 30 de julio.

Los expedientes fueron impulsados por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), fundación pública adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, dentro de un programa denominado «Apoyo al Reino de Marruecos: coordinación y gobernanza para la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes». La propia FIAP forma parte del sistema de cooperación exterior español y está presidida en su patronato por el ministro José Manuel Albares.

Los dos expedientes manejaron presupuestos que, con impuestos, rondaban conjuntamente los 267.000 euros. El primero apareció el 12 de mayo, poco más de dos meses antes de la crisis, mientras que el segundo terminó adjudicándose el 14 de julio, apenas 16 días antes de que decenas de miles de inmigrantes cruzaran desde Marruecos hacia territorio español.

La cronología vuelve a poner bajo el foco la política seguida por Moncloa con Rabat: mientras España empleaba recursos públicos y europeos para reforzar las capacidades marroquíes contra la inmigración ilegal, el 30 y 31 de julio la frontera de Ceuta quedó completamente desbordada.

El Gobierno terminó fijando posteriormente en 72.000 el número de personas que entraron en la ciudad autónoma, una cifra equivalente a buena parte de la población habitual de Ceuta y muy superior a la crisis sufrida en mayo de 2021.

Un contrato adjudicado 16 días antes

El segundo expediente, identificado como SPD-2026-033, contemplaba servicios de asistencia administrativa, logística y financiera para desarrollar el proyecto en territorio marroquí.

Su presupuesto base ascendía a 108.550 euros sin impuestos —131.345,50 euros con impuestos— y su valor estimado alcanzaba los 126.705 euros. Finalmente fue adjudicado el 14 de julio al empresario marroquí Ridouane Ambarky por 86.000 euros sin impuestos —103.200 con impuestos—, después de recibir tres ofertas.

El contrato, financiado con fondos europeos, tiene una duración prevista de 43 meses. Entre los criterios empleados para seleccionar al adjudicatario figuraban la experiencia en logística internacional, gestiones aduaneras y administración de proveedores internacionales, además de la participación previa en proyectos de desarrollo financiados por la Unión Europea.

El otro expediente, SPD-2026-021, había sido publicado el 12 de mayo y tenía igualmente como lugar de ejecución Marruecos. Su presupuesto base era de 112.550 euros sin impuestos, con un valor estimado de 136.705 euros, y contemplaba servicios de administración de proyectos de desarrollo, apoyo a los poderes públicos, traducción e interpretación.

Ambos contratos responden, por tanto, a un mismo programa específicamente diseñado para ayudar al Reino de Marruecos a controlar la trata y el tráfico ilícito de inmigrantes.

La Policía apunta ahora a los gendarmes marroquíes

La revelación adquiere todavía mayor relevancia después de que un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitido a la Audiencia Nacional haya concluido que la entrada masiva de finales de julio no fue espontánea, sino que presentó elementos de planificación previa.

El documento pone además el foco sobre la conducta de las fuerzas de seguridad marroquíes. Según las informaciones publicadas sobre su contenido, algunos gendarmes habrían dado indicaciones a grupos de inmigrantes y facilitado su desplazamiento hacia determinados puntos de acceso a Ceuta, al tiempo que se produjo una permisividad extraordinaria al otro lado de la frontera.

El informe, sin embargo, no atribuye formalmente al Gobierno de Marruecos la organización de la operación ni identifica a su autor intelectual. El Ejecutivo de Sánchez se ha agarrado precisamente a esta circunstancia para negar que existan pruebas de que Rabat organizara la entrada masiva.