El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito desde el Ministerio de Educación por importe de 309.840.377,20 euros al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con el objetivo de financiar insuficiencias presupuestarias en el Capítulo 1, correspondiente a los gastos de personal de la Administración General del Estado.
Según publica VozPópuli, mediante este acuerdo aprobado por el Ejecutivo, los fondos financiarán nóminas, cotizaciones sociales, trienios, complementos y el resto de obligaciones retributivas del departamento que dirige Félix Bolaños. La operación se enmarca en el escenario de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, circunstancia que obliga al Gobierno a recurrir a modificaciones de crédito para atender necesidades de financiación surgidas durante el ejercicio.
La decisión supone que el presupuesto del Ministerio de Educación pierde capacidad presupuestaria por un importe cercano a los 310 millones de euros, mientras el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes incrementa su disponibilidad para atender el pago de los gastos de personal. El acuerdo no detalla qué partidas o programas concretos de Educación se verán afectados por la transferencia de crédito.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destina más del 73% de su presupuesto ordinario al Capítulo 1, reservado a retribuciones del personal. De acuerdo con la documentación aprobada por el Consejo de Ministros, la ampliación de crédito responde a insuficiencias detectadas para hacer frente a esas obligaciones durante el presente ejercicio presupuestario.
El acuerdo no establece que la transferencia afecte directamente a becas digitalización educativa o programas específicos de Formación Profesional, aunque la reducción de crédito implica una menor capacidad presupuestaria para el departamento de Educación respecto a la situación previa a la modificación aprobada por el Ejecutivo.
La necesidad de reforzar el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se produce en un contexto de incremento de los costes laborales asociados al empleo público y de prórroga presupuestaria. El Gobierno recurre así a un mecanismo de modificación de crédito previsto en la normativa presupuestaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de personal.
