El Gobierno de Sánchez disparó en más de 77.000 millones de euros el gasto de 2024 tras mantener prorrogados los Presupuestos de 2023 por falta de apoyos parlamentarios. Así se desprende del informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024, que alerta de incertidumbre jurídica en la gestión presupuestaria y de una elevada dependencia de la deuda para sostener las cuentas públicas, citado por The Objective.
Según el órgano fiscalizador, los créditos definitivos terminaron superando en 77.342 millones de euros a los inicialmente previstos en los Presupuestos prorrogados. El dato refleja el recurso masivo del Ejecutivo a modificaciones de crédito para poder cubrir gastos que no estaban contemplados en unas cuentas pensadas para el ejercicio anterior.
El informe advierte además de que el 95% del aumento de los créditos se financió mediante variaciones en el saldo vivo de la deuda pública, aunque el incremento de los ingresos permitió que el endeudamiento no creciera exactamente en la misma proporción que las ampliaciones aprobadas.
La falta de presentación de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 obligó al Gobierno a mantener durante todo el ejercicio las cuentas de 2023. Para el Tribunal de Cuentas, esa situación generó incertidumbre sobre la aplicación de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria y alteró el funcionamiento ordinario del sistema de control del gasto público.
El resultado fue una gestión basada en ampliaciones, transferencias y reajustes sucesivos. En lugar de aprobar unas nuevas cuentas con respaldo parlamentario, el Ejecutivo sostuvo el funcionamiento ordinario de la Administración mediante una cadena de modificaciones presupuestarias para adaptar las partidas a las necesidades reales de financiación.
El informe fue aprobado en una sesión marcada por una circunstancia inédita en democracia: por primera vez, un consejero votó en contra de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado. La fiscalización salió adelante con seis votos favorables, un voto contrario y varios votos concurrentes con reservas, reflejo de las discrepancias internas sobre la fiabilidad de las cuentas públicas.
El Tribunal también detecta deficiencias estructurales en la contabilidad del Estado. Entre ellas, un desfase de 4.090 millones de euros derivado de errores en la imputación temporal de ingresos y gastos. Parte de las obligaciones generadas en 2024 no se registraron en ese ejercicio, mientras que operaciones procedentes de años anteriores se incorporaron al cierre actual.
Ese desplazamiento contable altera el resultado presupuestario y evidencia, según el órgano fiscalizador, debilidades persistentes en los mecanismos de control y seguimiento del gasto. La distancia entre lo que se ejecuta, lo que se contabiliza y lo que finalmente aparece en la Cuenta General vuelve a situarse como uno de los grandes problemas de las finanzas públicas.
Una de las observaciones más relevantes afecta al uso de fondos europeos para financiar gasto corriente. El Tribunal señala dos modificaciones presupuestarias aprobadas en noviembre de 2024 por un importe conjunto de casi 2.400 millones de euros, destinadas a cubrir insuficiencias de crédito en las pensiones de clases pasivas y en los complementos de pensiones mínimas.
Ambas operaciones se financiaron con créditos sobrantes del servicio 50, vinculado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno defendió que la operación no comprometía el cumplimiento del plan ni la absorción de los recursos asignados a España.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cuestiona la cobertura jurídica de esa decisión. El informe sostiene que los fundamentos utilizados por la Administración «deberían haber quedado mejor justificados», ya que existía incertidumbre sobre la posibilidad de utilizar créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación para modificaciones presupuestarias ajenas a ese ámbito.
La advertencia es especialmente grave porque afecta a fondos europeos concebidos para financiar inversiones y reformas estructurales, no para tapar agujeros de gasto corriente. El órgano fiscalizador señala que el encaje normativo de esa operación no quedó suficientemente acreditado.
El informe extiende sus salvedades a otros ámbitos de la gestión financiera del Estado y apunta a problemas en la fiabilidad de determinados registros contables, incertidumbres sobre la valoración de operaciones y activos, y debilidades en el control presupuestario.
