«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
las ayudas proceden de la aecid

El Gobierno de Sánchez entrega casi 12 millones de euros en subvenciones a Senegal mientras el país eleva las penas de cárcel para homosexuales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye (d).

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado cerca de 12 millones de euros en subvenciones públicas a Senegal entre 2021 y 2024, según datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP), mientras el país africano mantiene y refuerza su legislación que castiga las relaciones homosexuales con penas de cárcel que pueden alcanzar hasta diez años.

Las ayudas proceden sobre todo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se conceden en forma de subvenciones dinerarias sin contraprestación, según figura en el registro oficial de subvenciones del Estado.

Este hecho ha sido denunciado en la red social X por el exdiputado Pablo Cambronero, que ha difundido los datos del registro público de subvenciones y ha cuestionado el destino de estos fondos en un país cuya legislación penal persigue las relaciones homosexuales.

De acuerdo con la información recopilada, Senegal habría recibido 25 subvenciones por un importe total de 11.897.484,28 euros durante ese periodo. Parte de esas ayudas se destinan a proyectos institucionales del propio Estado senegalés.

Entre ellas figura, por ejemplo, una convocatoria de 419.236 euros aprobada el 27 de octubre de 2023, cuyo objetivo consiste en apoyar a la Agencia Nacional del Registro Civil de Senegal para la mejora del registro de actos del estado civil. El propio registro oficial describe la ayuda como una «subvención y entrega dineraria sin contraprestación».

El destino de estos fondos coincide con un momento en el que Senegal mantiene una de las legislaciones más duras de África contra la homosexualidad. El país africano ha aprobado elevar hasta diez años las penas de cárcel por relaciones homosexuales, reforzando un marco legal ya restrictivo.

La coincidencia entre ambas realidades —la financiación pública española y el endurecimiento de la legislación penal en Senegal— reaviva el debate sobre el destino de los fondos de cooperación internacional y los criterios políticos que los acompañan.

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