Entre 2021 y 2022, en pleno escándalo del espionaje con Pegasus, el Gobierno español situó a Marruecos como el principal destinatario extranjero de ayudas públicas. El Ministerio del Interior transfirió 60 millones de euros al Ministerio del Interior del Reino de Marruecos mediante dos subvenciones directas de 30 millones cada una, financiadas con cargo a su propio presupuesto y formalizadas sin concurrencia competitiva, según consta en los registros oficiales.

Las transferencias fueron aprobadas por el departamento que dirige el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el mismo periodo en el que los teléfonos oficiales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del propio titular de Interior resultaron infectados por el software de espionaje Pegasus. Las intrusiones, detectadas posteriormente por los servicios de seguridad del Estado, afectaron a dispositivos utilizados para comunicaciones institucionales y se produjeron en mayo y junio de 2021.

La primera de las ayudas se concedió en el verano de 2021 directamente al Ministerio del Interior marroquí, el órgano responsable de la seguridad interior y del control de fronteras en el país vecino. Aquella operación convirtió por primera vez a Marruecos en el mayor receptor individual de fondos públicos españoles entre todos los beneficiarios extranjeros. Ninguna otra entidad estatal de fuera de España recibió ese año una subvención directa de esa cuantía.

El contexto político no fue menor. El 18 de marzo de 2022 el Ejecutivo protagonizó un cambio histórico en su posición sobre el Sáhara Occidental. El presidente Sánchez comunicó al rey Mohamed VI que España consideraba el plan de autonomía marroquí como «la base más seria, creíble y realista» para la resolución del conflicto, abandonando la línea mantenida durante décadas. Ese giro diplomático precedió a la aprobación de la segunda subvención directa al Ministerio del Interior marroquí.

La nueva transferencia fue autorizada por el Consejo de Ministros el 10 de noviembre de 2022. El acuerdo dio luz verde a otros 30 millones de euros, nuevamente como subvención nominativa y sin procedimiento competitivo. La resolución identifica expresamente como beneficiario al Ministerio del Interior del Reino de Marruecos y señala como órgano concedente al Ministerio del Interior español, encabezado por Marlaska, uno de los miembros del Gobierno afectados por el espionaje.

Con ambas partidas, la cifra total destinada al mismo organismo extranjero en dos ejercicios consecutivos ascendió a 60 millones de euros. Los registros oficiales sitúan al Ministerio del Interior marroquí como el mayor receptor de ayudas públicas españolas en 2021 y también en 2022. En este último ejercicio, la cantidad concedida superó ampliamente las asignaciones dirigidas a organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja o el Programa Mundial de Alimentos.

El mecanismo empleado fue el de subvención directa a una administración pública extranjera, fórmula prevista en la legislación española cuando concurren razones de interés público o estratégico. Su aprobación requiere autorización del Consejo de Ministros y su ejecución corresponde al ministerio competente. En este caso, el Ministerio del Interior asumió la tramitación, la concesión y el abono efectivo de los fondos.

La documentación administrativa identifica de manera expresa al Ministerio del Interior del Reino de Marruecos como destinatario final, sin intermediarios ni estructuras instrumentales. Las ayudas se encuadran en los programas de cooperación bilateral en materia migratoria y de seguridad, dirigidos a reforzar la capacidad operativa de terceros países en el control de sus fronteras. En ese esquema, Marruecos ocupa una posición clave como principal país de tránsito hacia España.

Fuera de esos dos ejercicios, no se registraron transferencias a Rabat en 2018, 2020, 2023 ni 2024. En 2019 sí se concedió una cantidad de volumen similar, aunque Marruecos no figuró entonces como el mayor beneficiario extranjero.

El resultado de 2021 y 2022 deja una fotografía singular: en los años en que el Gobierno sufrió el mayor episodio de espionaje de su historia reciente y modificó su postura histórica sobre el Sáhara Occidental, el principal receptor de fondos públicos españoles en el exterior fue, precisamente, el Ministerio del Interior marroquí.