El Gobierno de Pedro Sánchez destinó un total de 150.000 euros a un proyecto cultural en Brasil gestionado por un colectivo denominado Distrito Drag, una agrupación que se presenta como promotora de la cultura LGTBI through el arte transformista y vinculada a iniciativas políticas y artísticas en el país iberoamericano. La ayuda, fechada el 22 de julio, figuraba oficialmente bajo el epígrafe «Programa Indígena 2025. Fortalecimiento y protección de Indígenas LGTBIQIA+ del pueblo guaraní».
La operación, canalizada a través de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), ha reabierto el debate sobre el uso de fondos públicos en proyectos en el extranjero. La agencia, que cada año distribuye miles de subvenciones sin contraprestación directa, ha repartido más de 1.850 millones de euros en cuatro años solo mediante este tipo de ayudas. El conjunto de instrumentos estatales de cooperación —incluyendo Fonprode, FIIAP y otros organismos— eleva la cifra anual total a cerca de 4.000 millones, según estimaciones de la OCDE.
El caso concreto de la subvención a Distrito Drag ha despertado interrogantes sobre la pertinencia, el destino final del dinero y la utilidad real de algunos programas financiados fuera de España. Varias voces se preguntan, por ejemplo, cuántos indígenas LGTBIQIA+ existen realmente en Brasil o qué actividades específicas se han sufragado con recursos procedentes de los impuestos españoles.
El problema, advierten analistas de políticas públicas, es que la cooperación internacional se basa en una presunción casi automática de legitimidad. Durante años, las agencias dedicadas al desarrollo han disfrutado de una imagen incontestada, lo que —sostienen algunos expertos— ha permitido que, en determinados casos, proyectos opacos puedan aprovechar la relajación de los controles en países con instituciones débiles. Si en España ya se detectan irregularidades, apuntan, la supervisión en destinos remotos se complica aún más.
En este contexto, algunos recuerdan el precedente estadounidense: el DOGE, el organismo auditor impulsado por Donald Trump y dirigido por Elon Musk, comenzó revisando los gastos de la agencia de cooperación USAID. Aquella auditoría inicial reveló desviaciones y programas de dudosa justificación, muchos de ellos similares a los que vienen siendo señalados en el análisis de subvenciones españolas. «Cuando las barbas del vecino están en remojo…», resumen quienes alertan de paralelismos evidentes.
Con este escenario, cada vez son más los ciudadanos que reclaman transparencia sobre el destino de los fondos públicos. La ciudadanía, afectada por una presión fiscal creciente y un encarecimiento general de la vida, exige explicaciones claras sobre cómo se reparten esos fondos y qué criterios se utilizan para priorizar proyectos en el exterior frente a necesidades básicas en países receptores o incluso dentro de España.
La cooperación internacional nació con un espíritu solidario, pero, según críticos de su gestión actual, se ha transformado en un ecosistema ideologizado en el que conviven programas útiles con otros que generan serias dudas sobre su impacto real. Por ello, algunos consideran que ha llegado la hora de revisar a fondo este modelo de distribución de recursos públicos.
La reflexión de fondo queda resumida en una cuestión: mientras existen regiones enteras en el mundo que continúan teniendo dificultades para asegurar la alimentación o los servicios esenciales de su población, ¿es razonable destinar fondos españoles a iniciativas cuya relación con el desarrollo efectivo resulta difícil de justificar?
En su compromiso de seguir examinando los datos disponibles, los autores de este análisis aseguran que continuarán publicado los puntos oscuros y las contradicciones de estas políticas, convencidos de que la etapa de los «cheques en blanco» para la cooperación debe llegar a su fin. Si quieres, puedo preparar otra versión más breve, más crítica, más neutra o centrada solo en el aspecto económico.
