El Gobierno de Pedro Sánchez está siendo objeto de duras críticas por parte de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que denuncia la expropiación de centenares de hectáreas agrícolas situadas junto a los barrancos afectados por la DANA que devastó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. La organización asegura que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está incorporando esos terrenos al Dominio Público Hidráulico sin indemnizar a los propietarios y justificando el procedimiento con una calificación técnica que considera la crecida de los cauces como un episodio «ordinario».

Según explica la asociación agraria, la normativa estatal establece que los terrenos ocupados por el nuevo trazado de un cauce pueden integrarse en el Dominio Público Hidráulico mediante un procedimiento expropiatorio. Sin embargo, los agricultores cuestionan que ese criterio pueda aplicarse a una riada que el propio Ejecutivo ha presentado reiteradamente como un fenómeno absolutamente excepcional.

Uno de los aspectos que más malestar genera entre los afectados es la forma en la que, aseguran, se está desarrollando el proceso administrativo. Desde AVA-ASAJA sostienen que muchos propietarios no reciben ninguna comunicación individual y que la única publicidad de la expropiación aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se abre un plazo de tres meses para presentar alegaciones. En la práctica, denuncian, numerosos agricultores desconocen que sus parcelas están afectadas hasta que apenas queda tiempo para reaccionar.

La organización relata incluso que algunos de los casos fueron descubiertos de manera casual durante reuniones mantenidas con agricultores de la zona. En uno de esos encuentros, celebrado en Sot de Chera, comprobaron que uno de los asistentes estaba a punto de perder parte de su explotación sin haber recibido previamente ningún aviso personal sobre la tramitación iniciada por la Administración.

Además de cuestionar la falta de notificaciones, AVA-ASAJA critica que el procedimiento no contemple compensaciones económicas para quienes pierden sus terrenos. La asociación reclama que se reconozca un justiprecio por las parcelas afectadas, al entender que la expropiación deriva de un episodio extraordinario y no de una simple modificación natural del cauce ocasionada por una avenida habitual.

Los representantes del sector agrario aseguran haber trasladado esta situación al Ministerio de Agricultura. Según explican, la respuesta obtenida fue que las ayudas concedidas tras la DANA correspondían exclusivamente a los daños ocasionados por las inundaciones y que cualquier cuestión relacionada con las expropiaciones depende del Ministerio para la Transición Ecológica. A juicio de la organización, esta falta de coordinación entre departamentos deja a los afectados sin una solución efectiva.

La situación genera una paradoja que los agricultores consideran difícil de entender. Algunos propietarios recibieron subvenciones públicas para paliar las pérdidas sufridas por la riada y, tiempo después, la propia Administración inició procedimientos para incorporar parte de esas mismas fincas al Dominio Público Hidráulico, reduciendo así la superficie de sus explotaciones.

Desde AVA-ASAJA describen la actuación como una auténtica incautación de terrenos y aseguran sentirse profundamente decepcionados tanto por el fondo como por la forma en que se está gestionando el proceso. Consideran especialmente contradictorio que el Gobierno invoque ahora una «crecida ordinaria» para fundamentar jurídicamente estas expropiaciones, cuando durante los meses posteriores a la tragedia defendió públicamente el carácter excepcional del temporal que asoló la provincia de Valencia.

Casi veinte meses después de aquella catástrofe, las consecuencias administrativas continúan generando tensión entre los propietarios afectados, que reclaman una revisión del procedimiento, una mayor transparencia en las notificaciones y una compensación económica por la pérdida de sus parcelas agrícolas.