El Gobierno de Pedro Sánchez ha entregado más de 1,7 millones de euros en subvenciones directas a la Comisión Islámica de España (CIE), una entidad encabezada por Mohamad Aidman Adbli, recientemente investigado por presunta financiación de organizaciones yihadistas vinculadas a Al Qaeda en Siria y a los Hermanos Musulmanes, según informa El Debate. Los pagos se canalizaron desde 2021 mediante órdenes directas del Ministerio del Interior, bajo Fernando Grande-Marlaska, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Adbli fue investigado por la Audiencia Nacional por su relación con transferencias económicas enviadas a Siria bajo supuesta cobertura humanitaria. Aunque el juez Antonio Piña archivó la causa por falta de indicios suficientes para formular acusación, el auto reconoce que «está directamente probada la financiación» desde España al Consejo de Socorro de Damasco Rural y posteriormente a la ONG Al Bashaer, entidades vinculadas a milicias yihadistas y a la filial siria de Al Qaeda. La documentación policial, incluidos los informes de Europol, describe esas operaciones como una recaudación organizada desde España y canalizada a grupos insurgentes bajo el pretexto de ayuda civil.
La investigación se remonta a 2019, cuando varias unidades de información detectaron que miembros de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y otras entidades asociadas a la Mezquita Central de Madrid estaban enviando fondos a Siria. Los registros practicados —incluida una carnicería vinculada al centro islámico Abu Bakr y domicilios familiares ligados a las estructuras directivas— revelaron mensajes, acuerdos de colaboración y cartas de agradecimiento procedentes de Jaysh al-Islam, un grupo yihadista que operaba en Guta Oriental. En esos documentos, sus responsables daban las gracias explícitas por las remesas llegadas desde España.
Los investigadores también acreditaron que Rohaibani y Aiman Albi, ambos de UCIDE, firmaron en 2013 un acuerdo con Al Bashaer para canalizar ayudas. El análisis de los dispositivos y comunicaciones intervenidas apuntó a que sabían que el dinero acababa en manos de milicias islamistas, si bien la Audiencia concluyó que no era posible demostrar una intención específica de financiar terrorismo.
A pesar de la contundencia de los indicios, el Gobierno socialista ha mantenido la entrega de fondos públicos a la organización. Desde la llegada de Sánchez a Moncloa, la Comisión Islámica ha visto incrementados sus recursos hasta superar el millón y medio de euros, al tiempo que se promovían políticas destinadas a expandir la enseñanza del islam en colegios públicos y normalizar prácticas religiosas islámicas en el sistema educativo, como los menús halal o la ampliación de profesores designados por la propia CIE.
Mientras 290.000 alumnos musulmanes están escolarizados en España, la CIE continúa exigiendo mayor implantación de la asignatura de religión islámica y acusa a los centros de «negar derechos» por no ofrecerla. Paralelamente, la federación avanzó su influencia institucional gracias a las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo.
El caso, ahora archivado, deja sin embargo una conclusión inquietante: según la Audiencia, existe «prueba directa» de envíos de dinero a una ONG vinculada a milicias yihadistas sirias desde entidades islámicas españolas —incluyendo organizaciones financiadas por el Gobierno—, aunque esa realidad no haya derivado en una acusación formal.
