El Gobierno de Sánchez respalda la eliminación de los motores de combustión en Europa mientras el 95% de los vehículos fabricados en su territorio siguen siendo de gasolina o diésel. Con 2.376.000 coches producidos en 2024, España se mantiene como el segundo fabricante de automóviles del continente, sólo por detrás de Alemania. El sector representa alrededor del 11% del PIB nacional y es un pilar clave del empleo industrial. Sin embargo, menos del 5% de esos vehículos son eléctricos, y todos dependen de baterías importadas, ya que en España no existe aún una sola planta de producción propia.

A pesar de esta dependencia tecnológica y de que la fabricación total de coches ha caído un 7% respecto al año anterior, el Gobierno ha suscrito junto a Francia una carta dirigida a Bruselas en la que ambas potencias piden mantener intacta la hoja de ruta que prevé prohibir la venta de coches con motor de combustión en 2035 y su circulación en 2050, según revela El Debate.

La decisión sorprende dentro del propio sector, que advierte de que España no está preparada para una transición tan drástica. La realidad es que el país se sostiene sobre los vehículos híbridos, que ya representan entre el 35% y el 40% de la producción nacional. Todos ellos, sin embargo, incluyen un motor de gasolina y, por tanto, quedarían también prohibidos dentro de una década si Bruselas no revisa su plan. El resto de la producción —más del 50%— sigue siendo de modelos convencionales de gasolina y diésel.

Desde el sindicato USO han advertido que este calendario puede ser un nuevo “tiro en el pie” para una industria que sostiene cientos de miles de empleos directos e indirectos. El mercado español, señalan, aún no está preparado ni en términos de poder adquisitivo ni de infraestructuras para afrontar el salto masivo al coche eléctrico.

La postura de España y Francia ha roto, además, el frente común del automóvil europeo, que hasta ahora defendía aplazar las fechas marcadas por la Comisión Europea. Alemania e Italia mantienen una posición firme a favor de retrasar la prohibición para proteger a su industria del avance del coche chino y del impacto económico de una electrificación forzada.

La patronal española, ANFAC, también ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez “un enfoque pragmático, flexible y tecnológicamente neutral” que permita acelerar la transformación sin destruir la competitividad ni el empleo. Para la asociación, la prohibición total de los motores de combustión en 2035 no es compatible con la sostenibilidad económica ni con la realidad industrial de España.

Mientras Bruselas mantiene su hoja de ruta y los gobiernos firman compromisos de cara a la galería, la industria del motor española sigue fabricando coches con motor térmico y sin baterías propias. Una contradicción que pone en riesgo uno de los pocos sectores productivos que aún sostienen la economía nacional.