El Gobierno de Sánchez ha destinado al menos 6,1 millones de euros a financiar el traslado en avión de más de 19.000 inmigrantes ilegales desde Canarias y otros puntos de entrada hasta distintos destinos de la Península en menos de nueve meses. Así lo reflejan varias resoluciones de adjudicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tramitadas todas por la vía de emergencia y consultadas por Vozpópuli.

Los documentos oficiales dibujan un operativo continuado, sostenido en el tiempo y articulado al margen de los cauces ordinarios de planificación, sin una coordinación efectiva con las comunidades autónomas que reciben a los trasladados. Lejos de responder a episodios puntuales, el uso reiterado de este procedimiento excepcional se ha asentado como la fórmula habitual para gestionar los desplazamientos masivos desde las islas.

El mayor desembolso se concentró en el primer trimestre de 2024. Entre enero y marzo, el Ejecutivo autorizó un gasto cercano a los tres millones de euros para sufragar el transporte aéreo de 9.240 ilegales. El contrato, financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se adjudicó al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, un mecanismo reservado para situaciones imprevisibles y de extrema urgencia.

Ese esquema se repitió sin variaciones en los meses siguientes. Entre abril y julio, Migraciones dio luz verde a un nuevo contrato por 1,9 millones de euros para trasladar a otras 5.940 personas. A finales de julio, una tercera resolución elevó el gasto en 1,26 millones adicionales para cubrir los desplazamientos previstos entre agosto y septiembre, que afectaron a casi 4.000 ilegales más.

En conjunto, el balance asciende a 19.140 traslados y 6,12 millones de euros comprometidos en menos de un año. Una cifra que no incluye los costes derivados de la acogida posterior y que refuerza la sensación de una política de hechos consumados: trasladar, redistribuir y alojar sin una estrategia pública definida ni información clara para las administraciones receptoras.

Una vez en la Península, los ilegales quedan bajo la tutela de ONG designadas por el propio Gobierno, que los derivan a distintos recursos repartidos por la geografía nacional. El catálogo de alojamientos incluye desde albergues y pisos turísticos hasta hoteles, balnearios y edificios de titularidad estatal, en función de la disponibilidad y de los acuerdos cerrados por el Ministerio.

La externalización de la gestión constituye una pieza central de este modelo. A través de entidades subvencionadas con fondos públicos, el Ejecutivo descarga buena parte de la operativa logística en organizaciones privadas. Este sistema ha provocado, según han denunciado varias comunidades autónomas, una notable falta de información que ha complicado la atención sanitaria, educativa y de seguridad.