La ONG Provivienda ha recibido un total de 37.366.417,9 euros en subvenciones públicas otorgadas por el Gobierno de Pedro Sánchez desde el año 2021. Esta cifra, que no incluye el dinero concedido por otras instituciones como los recientes 60.000 euros del Gobierno de Canarias para un programa de atención integral a inmigrantes ilegales, resulta reveladora, ya que el principal cometido de esta asociación es encontrar vivienda a éstos, un problema creciente que cada vez sufren más españoles.
Cada año, Provivienda atiende a 800 inmigrantes ilegales a través de un programa de acogida integral. Pero el impacto real de estas ayudas en la mejora del acceso a la vivienda sigue siendo una incógnita, alimentando las dudas sobre si los fondos están siendo utilizados de manera efectiva para abordar la raíz del problema.
El director general de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez, defiende que una de las funciones principales de la entidad es la provisión de vivienda asequible y la incidencia social para transformar políticas públicas.
El programa de atención integral, puesto en marcha en 2018, ofrece alojamiento temporal en pisos compartidos como un «recurso puente» mientras se busca una solución autónoma para los usuarios. Durante este periodo, los trabajadores y educadores sociales, junto con abogados, ayudan a los inmigrantes a mejorar su estabilidad económica y regularizar su situación en el país.
El 30% de los beneficiarios son familias monomarentales, seguidas por hombres solos que buscan establecerse para traer a sus familiares. Las nacionalidades predominantes incluyen iberoamericanos, subsaharianos, marroquíes y argelinos. Aunque muchos resultan ser vulnerables, algunos sectores cuestionan si las ayudas públicas deberían ser distribuidas de manera más equitativa entre todos los residentes de Canarias, muchos de los cuales también enfrentan serias dificultades habitacionales —sobre todo los afectados por el volcán, ya que algunos siguen viviendo en contenedores—.
En un momento en el que los recursos públicos son limitados y las necesidades sociales son crecientes, resulta imprescindible evaluar con mayor rigor si las subvenciones destinadas a Provivienda están logrando un cambio estructural o si se trata de parches temporales en un problema que requiere soluciones más profundas.
