El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha aprobado una subvención de 300.000 euros para impulsar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en la República Dominicana. La ayuda, incluida en la convocatoria REPÚBLICA DOMINICANA 2024, está orientada a fortalecer las políticas de género y mejorar las condiciones de salud en el país caribeño.
La subvención será gestionada mediante concesión directa y definida como una entrega dineraria sin contraprestación. Está destinada a personas jurídicas sin actividad económica, en particular organizaciones que operen en el sector de actividades extraterritoriales. Su alcance geográfico se extiende a una región global, reflejando el compromiso de España con la cooperación internacional.
La convocatoria se rige por el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, que regula las subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional.
España, con esta medida, asegura que pretende reforzar los principios de igualdad de género y accesibilidad a derechos fundamentales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este tipo de iniciativas posiciona al país como un actor destacado en el ámbito de la cooperación internacional y el desarrollo sostenible.
Falcon y empresas en Dominicana
En un periodo de año y medio, la llamada trama Ábalos llegó a crear hasta 14 sociedades en República Dominicana. Este país del Caribe se convirtió en el principal destino para lavar fondos provenientes de comisiones ilícitas relacionadas con contratos sanitarios firmados durante la crisis sanitaria. Víctor de Aldama, figura central en el entramado empresarial vinculado a esta red corrupta, que ya salpica a una media docena de ministros del gobierno de Pedro Sánchez, ha implicado de forma directa a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y actual diputado, en estas operaciones fraudulentas.
Además, cabe destacar que desde marzo de 2021, se han contabilizado al menos 39 aterrizajes de aeronaves oficiales en República Dominicana, un dato que contrasta significativamente con lo admitido por el Gobierno.
