Una investigación exclusiva de LA GACETA, basada en el análisis detallado de documentos oficiales del Boletín Oficial del Estado (BOE), resoluciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y datos del Ministerio del Interior, pone de manifiesto el significativo desembolso económico destinado a la gestión de la crisis migratoria en Canarias. Desde el estallido de la situación en el muelle de Arguineguín en noviembre de 2020, el Gobierno ha canalizado más de 500 millones de euros a través de la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), una sociedad mercantil estatal designada como «medio propio» para emergencias humanitarias.

Este gasto se ha materializado en una serie de encargos administrativos, amparados en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que permiten actuar con urgencia sin necesidad de licitaciones públicas convencionales. TRAGSA, especializada en intervenciones agrarias y ambientales, ha asumido un rol clave en la atención inicial a los inmigrantes ilegales: desde el alojamiento y manutención en centros temporales de acogida (CATE) y de emergencia y derivación (CAED), hasta servicios de higiene, seguridad y traslados para descongestionar las islas. Estos centros, concentrados principalmente en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, han sido el epicentro de la respuesta ante el flujo procedente de la ruta atlántica, con origen mayoritario en países como Senegal, Mauritania y Marruecos.

El análisis de los documentos revela una escalada progresiva en los recursos asignados. Todo comenzó en 2020, cuando la crisis de Arguineguín expuso la precariedad de las infraestructuras existentes. Miles de inmigrantes ilegales se acumularon en un muelle no preparado, lo que impulsó un encargo inicial a TRAGSA por alrededor de 25 millones de euros para habilitar espacios temporales y proporcionar primeros auxilios. En 2021, con la saturación persistente en las islas menores, el importe ascendió a 40 millones, ampliado mediante prórrogas para garantizar la continuidad de los servicios básicos.

A partir de 2022, el marco normativo se reforzó con la «acción concertada» establecida en la Orden ISM/680/2022, que integró a TRAGSA en un sistema más estructurado de financiación. Ese año, la empresa recibió cerca de 60 millones de euros para expandir la red de centros y cubrir necesidades como la desinfección de espacios. Sin embargo, los años siguientes marcaron un punto de inflexión: 2023 y 2024 registraron récords históricos en llegadas ilegales, lo que elevó el gasto a aproximadamente 100 millones en 2023 —con dos prórrogas formales— y 150 millones en 2024, incluyendo ampliaciones mensuales específicas, como la de febrero de ese año por 2,9 millones para atender 1.717 plazas de acogida.

Para 2025, el encargo base ascendió a 51 millones de euros para un periodo de 12 meses (de julio de 2025 a julio de 2026), pero una prórroga aprobada en septiembre por el Consejo de Ministros añadió 96 millones adicionales, extendiendo la cobertura hasta junio de 2026 y totalizando 147 millones para ese ejercicio. En conjunto, desde 2020, el desembolso vía TRAGSA suma casi 530 millones de euros, representando entre el 20% y el 30% del presupuesto total del Programa de Atención Humanitaria (PAH).

Estos recursos han ido de la mano con la gestión de un volumen considerable de llegadas ilegales. Según los informes quincenales y anuales del Ministerio del Interior, actualizados hasta febrero, Canarias ha registrado 184.624 entradas por vía marítima desde 2020: 23.023 en ese año inicial, 22.316 en 2021, 15.682 en 2022 (un descenso temporal), un salto a 39.910 en 2023 y el máximo histórico de 46.843 en 2024. En 2025, las cifras bajaron a 17.788 y en los dos primeros meses de 2026 ya se han contabilizado 1.274 entradas por la vía de la ilegalidad.

Cabe señalar que en casos de estancias prolongadas —frecuentes por solicitudes de protección internacional o saturación de centros— el coste acumulado por inmigrante gestionado puede alcanzar entre 16.000 y 22.000 euros (estimación derivada del gasto total acumulado dividido por el número ajustado de personas con permanencia media-alta).