El Gobierno de Pedro Sánchez multa con 40 euros por cada metro cuadrado y día por acampar ilegalmente en el dominio público marítimo-terrestre, una sanción que alcanzaría los 4.000 euros diarios en una ocupación de 100 metros cuadrados, mientras centenares de inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta durante la crisis iniciada el pasado 30 de julio continúan instalados en la playa de El Trampolín. La situación se produce en un espacio en el que la propia normativa estatal prohíbe expresamente los campamentos y las acampadas.

La prohibición no procede de una ordenanza de la Ciudad Autónoma. El artículo 33.5 de la Ley 22/1988 de Costas, de ámbito nacional, prohíbe los campamentos y acampadas, mientras que el Reglamento General de Costas desarrolla esta disposición y la extiende al dominio público marítimo-terrestre. La normativa considera acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables y establece que quienes incumplan la prohibición deberán desalojar cuando sean requeridos por los agentes, sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador.

El régimen sancionador tampoco establece una cantidad fija. La Ley de Costas contempla para las acampadas una multa de 40 euros por metro cuadrado ocupado y día. De esta forma, una ocupación de diez metros cuadrados supondría 400 euros por una jornada; 50 metros cuadrados, 2.000 euros; y 100 metros cuadrados elevarían la cuantía a 4.000 euros por cada día de permanencia. No se trata, por tanto, de un máximo de 4.000 euros: la cantidad puede ser superior dependiendo de la superficie y la duración.

La situación contrasta con lo ocurrido en El Trampolín, convertido en uno de los principales asentamientos improvisados después de la entrada masiva desde Marruecos del 30 de julio. En los días posteriores, alrededor de 1.500 inmigrantes ilegales llegaron a permanecer en la zona, ante la falta de espacio en otros dispositivos. El asentamiento llegó a contar con construcciones improvisadas elaboradas con palos, cartones y otros materiales, además de utensilios empleados por quienes permanecían allí.

El Gobierno inició semanas después el traslado de parte de las personas instaladas en la playa hacia dispositivos temporales habilitados en otros puntos de Ceuta. Más de un millar fueron reubicadas inicialmente, aunque posteriormente centenares volvieron a instalarse en El Trampolín, donde la presencia de inmigrantes y estructuras improvisadas ha continuado.

La legislación estatal contempla además mecanismos para actuar frente a las ocupaciones contrarias a la Ley de Costas. El Reglamento permite solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer efectivo el desalojo cuando corresponda y establece un régimen de responsabilidades y sanciones para las infracciones cometidas sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Así, mientras una persona que instale una tienda de campaña en una zona sometida a esta normativa puede enfrentarse a una sanción calculada en función de los metros cuadrados ocupados y los días de permanencia, El Trampolín continúa albergando un asentamiento surgido tras los acontecimientos del 30 de julio, pese a que la propia legislación estatal prohíbe expresamente las acampadas en este tipo de terrenos.