«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La realidad desmiente al relato gubernamental

El Gobierno de Sánchez niega que la inmigración ilegal masiva tenga relación con la delincuencia y achaca los delitos a «los millones de turistas»

Pedro Sánchez y un cayuco rumbo a España. Redes sociales

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a blanquear la inmigración ilegal y a eximir de responsabilidad a los menores extranjeros no acompañados (menas), señalando en cambio a los turistas como culpables del aumento de la criminalidad en España.

En una respuesta parlamentaria a diputados de VOX, Francisco Javier Ortega Smith e Ignacio Gil Lázaro, el Ejecutivo ha asegurado que «no existe correlación entre el incremento de los índices de la delincuencia y el incremento de la inmigración irregular», y ha calificado la denuncia de la formación de Santiago Abascal como un «intento de crear alarma social».

Según el Gobierno, los datos de criminalidad que incluyen a extranjeros «no significan que la persona sea migrante, ni que siendo migrante sea irregular», y por tanto el aumento de delitos cometidos por foráneos se explicaría también por «residentes extranjeros regulares» o incluso por «alguno de los millones de turistas que visitan España (más de 93 millones en 2024)».

El Ejecutivo socialista insiste así en negar la evidencia estadística: los propios datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio del Interior revelan que en 2023 el 33% de los condenados por delitos sexuales fueron extranjeros, a pesar de que representan poco más del 14% de la población. Una proporción que, traducida en tasas, confirma que los extranjeros cometieron tres veces más delitos sexuales que los españoles.

La realidad desmiente al relato gubernamental. Apenas días atrás se conoció la detención de un mena marroquí de 17 años en el centro de Hortaleza (Madrid) por la violación de una niña de 14 años en los alrededores de la instalación. El suceso desató la indignación vecinal y nuevas protestas contra la inseguridad generada por la inmigración ilegal.

Mientras los barrios y pueblos de España sufren las consecuencias de la política de fronteras abiertas del PSOE, el Gobierno responde con negación y desvío de culpas. En lugar de proteger a los españoles, responsabiliza a los turistas y se convierte en abogado de oficio de los menas.

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