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LA NUEVA NORMATIVA ENTRARÁ EN VIGOR EL 26 DE NOVIEMBRE

El Gobierno de Sánchez obliga a los ayuntamientos a multar en las Zonas de Bajas Emisiones y elimina los periodos de aviso a los conductores

Pedro Sánchez. Europa Press.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha endurecido la normativa que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y obligará a los ayuntamientos a aplicar efectivamente las multas a los conductores que incumplan las restricciones de circulación, eliminando los periodos transitorios durante los cuales los infractores recibían únicamente avisos informativos.

La medida figura en el Real Decreto 953/2026, de 4 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado día 6 y cuya entrada en vigor está prevista para el 26 de noviembre, apenas tres días antes de las elecciones generales.

La nueva normativa exige a los consistorios acreditar ante el Ministerio para la Transición Ecológica que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están siendo aplicadas de acuerdo con el potencial contaminante de los vehículos.

Asimismo, los municipios deberán demostrar que cuentan con sistemas de vigilancia operativos, que están conectados con la plataforma nacional de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que aplican efectivamente el correspondiente régimen sancionador.

El decreto excluye expresamente «cualquier sistema transitorio de avisos que pudiera haberse contemplado previamente». En caso de que los ayuntamientos no acrediten el cumplimiento de estos requisitos, el Ministerio no considerará correctamente implantadas sus zonas de bajas emisiones.

Incumplir las restricciones de circulación de estas zonas está tipificado como una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros, de acuerdo con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

La reforma afecta especialmente a aquellos municipios que habían optado por establecer periodos de adaptación o por limitar las restricciones para evitar perjudicar a los propietarios de vehículos antiguos.

Uno de estos casos es Alicante, donde, según recoge El Debate, las mediciones municipales de calidad del aire se han mantenido por debajo de los límites legales de contaminación. La ciudad cuenta con una zona de bajas emisiones de 7,49 kilómetros cuadrados que comprende 22 barrios y más de 157.000 residentes.

La falta de acreditación del cumplimiento de la normativa también podría comprometer el acceso de los ayuntamientos a determinadas subvenciones públicas destinadas al transporte urbano sostenible.

El Ministerio para la Transición Ecológica justifica el endurecimiento de las condiciones por la existencia de municipios que habían establecido moratorias prolongadas o delimitado zonas de bajas emisiones sin aplicar restricciones efectivas al tráfico.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021 por el Gobierno de Sánchez, obliga a establecer estas zonas a los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 habitantes que superen determinados límites de contaminación atmosférica.

Con la nueva reforma, los ayuntamientos pierden la posibilidad de recurrir a periodos transitorios de avisos para acreditar la implantación de estas zonas, aunque las restricciones concretas y las excepciones aplicables a los vehículos seguirán dependiendo de las ordenanzas municipales.

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