Miguel Ángel, un madrileño que acudió a empadronar a su hijo recién nacido en Arganda del Rey (Madrid), descubrió que en su vivienda figuraban empadronadas cuatro personas de nacionalidad marroquí a las que no conocía.
El vecino, militar de la UME, se presentó en el Ayuntamiento para inscribir a su bebé y comprobó que, en lugar de los cuatro miembros de su familia, el padrón municipal registraba ocho personas. Las cuatro adicionales aparecían como inquilinas de habitaciones de su casa, con un supuesto contrato de alquiler por habitaciones, recibos de pagos de entre 600 y 800 euros y firmas que Miguel Ángel y su pareja aseguran haber sido falsificadas. El alta se había producido meses antes, sin su conocimiento ni consentimiento.
Tras la denuncia del afectado, el Consistorio —gobernado por PP y VOX— inició una revisión que ha detectado alrededor de medio centenar de empadronamientos irregulares repartidos en una docena de domicilios del municipio. Los casos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que investiga posibles delitos de falsedad documental y usurpación de identidad.
El alcalde Alberto Escribano ha explicado que el patrón se repite: grupos de personas que no se conocen entre sí, que no hablan español y que acuden acompañadas de un intermediario. El Ayuntamiento sospecha de redes organizadas que cobrarían cantidades de entre 300 y 500 euros a personas en situación ilegal para facilitarles el empadronamiento, requisito habitual en procesos de regularización, aunque no residan realmente en las viviendas. Algunos de los inscritos ni siquiera viven en Arganda.
El consistorio ya ha dado de baja administrativa los casos detectados y ha anunciado que se personará como acusación particular. Además, ha puesto en marcha un protocolo de verificación más estricto ante solicitudes que presenten patrones similares y ha realizado comprobaciones puerta a puerta con la Policía Local.
El caso de Miguel Ángel, que salió a la luz cuando fue a inscribir a su hijo, ha servido para destapar un fraude que el Ayuntamiento relaciona con la presión de procesos de regularización y que afecta tanto a vecinos como a los propios migrantes, a los que estas redes cobran por un trámite fraudulento.