Cuando cae una trama que empadrona inmigrantes ilegales, casi siempre la policía detiene a un funcionario municipal o a un ciudadano que cedió su domicilio para compartirlo, al menos en la documentación. Por supuesto, a cambio de precio, que son malos, pero no tontos. En Alcúdia (Mallorca), un funcionario empadronó a 438 extranjeros en casi dos años, a los que cobraba por la usurpación.
El último caso conocido ha ocurrido en el municipio valenciano de Gandía, gobernado por socialistas y ciudad natal de la ministra Diana Morant. La Policía Nacional desarticuló la semana pasada en Gandía una red criminal dedicada a empadronar ilegalmente a extranjeros. Los presuntos delincuentes utilizaban datos robados y documentos falsificados, en muchos casos sin que los propietarios, casi todos personas mayores, supieran que tenían hasta una decena de desconocidos empadronadas en sus viviendas.
La trama regularizó ilegalmente a 127 inmigrantes ilegales, a los que cobró entre 200 y 1.000 euros por cabeza. Su método consistía en robar correspondencia de los buzones —en ocasiones, los forzaban— para hacerse con datos de los ancianos. A continuación, elaboraban contratos de alquiler falsos, con referencias catastrales incluidas, que luego se presentaban en el Ayuntamiento para formalizar empadronamientos.
El empadronamiento municipal es la principal puerta de acceso a servicios públicos, incluidos subsidios, para los inmigrantes ilegales. Para conseguirlo, sirven contratos falsos, presentados por un empresario o una gestoría, que domicilian a los extranjeros en casas abandonadas.
Buzones descerrajados
Algunos de estos casos comienzan con denuncias de vecinos que reciben en su buzón notificaciones a nombres de personas extranjeras que no viven con ellas. Y se preguntan cómo es posible que éstas hayan podido empadronarse, sin que los funcionarios se hayan puesto en contacto con los residentes. Porque las tasas de basuras, el IBI y las multas bien que las cobran.
El periódico catalanista La Vanguardia publicó en su portada del día 12 la noticia de que el Departamento de Salud de la Generalidad ha detectado una treintena de casos de empadronamientos fraudulentos de inmigrantes ilegales para obtener por primera vez la tarjeta sanitaria individual (TSI), que permite el acceso a los servicios de la red sanitaria pública, así como la adquisición de los medicamentos y aparatos ortoprotésicos financiados por el servicio catalán de salud.
La mayor parte de estos fraudes en Cataluña se han descubierto porque los ciudadanos afectados recibieron una tarjeta sanitaria a nombre de una persona desconocida que no reside en su domicilio. En la investigación se comprobó que los solicitantes se habían empadronado mediante documentación falsa, como contratos de alquiler inventados.
Se recurre a este delito de falsedad documental (castigado con penas de dos meses a dos años) debido a una resolución del 30 de enero de 2015, del presidente del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en la que se dictaron instrucciones a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón.
Una de esas instrucciones redujo al mínimo los requisitos para empadronarse en una vivienda donde ya residan otras personas: «Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte el documento que justifique su ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio. La persona que autorice deberá disponer de algún título acreditativo de la posesión efectiva de la vivienda (propiedad, alquiler…) a nombre de la misma».
Y de las cartas robadas de los buzones se sacan datos con los que elaborar contratos de arrendamiento falsos o rellenar los impresos. Los empleados municipales no necesitan más documentación para proceder al empadronamiento del foráneo.
El certificado de empadronamiento
Una vez realizado éste, el inmigrante ilegal solicita al ayuntamiento su certificado de empadronamiento y a partir de entonces se le abren a él y a su familia las puertas del menguante Estado de Bienestar español y hasta de la nacionalidad.
El certificado de empadronamiento es la principal prueba para que un extranjero demuestre la permanencia en el territorio español. Es imprescindible para solicitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales a través de la figura del arraigo social, un trámite que exige una residencia continuada de, al menos, tres años. Con esta residencia legal fraudulenta, se pasa a solicitar el Ingreso Mínimo Vital y las diversas rentas sociales que conceden las comunidades autónomas.
También permite a los inmigrantes el acceso a servicios públicos básicos, que no se cobran, pero tienen coste para los contribuyentes, como la tarjeta sanitaria, y la matriculación de hijos menores en colegios. Además, es un requisito para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero una vez se obtiene la residencia legal. Con el tiempo, permite la obtención de la nacionalidad y el derecho a votar en las elecciones, como un español.
Si hay voluntad de perseguir este delito, se hace. Por ejemplo, los funcionarios del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) detectaron un patrón anómalo, con decenas de personas empadronadas en pisos donde no vivían. Entre el 14 y el 24 de octubre, la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local y personal del Ayuntamiento, inspeccionó 15 inmuebles. Se descubrió que sólo una treintena de las más de 350 personas inscritas residía realmente en los domicilios investigados.
Los empadronamientos los habían realizado los propietarios o los inquilinos usando el método descrito para las viviendas ya habitadas. Cobraban por la gestión entre 150 y 250 euros por persona, u otro tipo de beneficios. Los ocho detenidos quedaron en libertad con cargos.
Miles de empadronados en edificios municipales de Barcelona
Las administraciones también cometen este fraude con plena conciencia, ya que para ellas es legal. Con la excusa del cumplimiento del mandato de que toda persona que viva en España «está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente», aunque carezca de domicilio, muchos ayuntamientos empadronan a extranjeros en instalaciones municipales. El de Barcelona es uno de los casos más indignantes.
El grupo municipal de VOX en Barcelona logró que el Ayuntamiento catalán, cuyo alcalde, Jaume Collboni, milita en el PSC, reconozca que mantiene empadronadas a 3.885 personas en cinco sedes de servicios sociales del distrito de Horta-Guinardó y a más de 5.900 personas en un solo inmueble del distrito de Nou Barris.
La colaboración o negligencia de numerosas administraciones locales, amparadas en una legislación absurda, junto con funcionarios y vecinos corruptos y ONG colaboradoras de la inmigración ilegal, lleva al punto de que muchos extranjeros empadronados no residan en España, pero cobren subsidios abonados por los españoles y puedan alegar el concepto de arraigo para asentarse en nuestro país cuando les apetezca.
Este fraude sería fácil de eliminar si los ayuntamientos aumentasen los requisitos para los empadronamientos y revisasen los censos. El Gobierno nacional y las Cortes también podrían colaborar elevando las multas y las penas a los infractores, incluida la expulsión a perpetuidad de España para los inmigrantes que lo practiquen.
