La gestión del trágico accidente ferroviario de Adamuz, que el pasado 18 de enero dejó 45 muertos y más de un centenar de heridos, sigue destapando decisiones incomprensibles del Gobierno en las horas más críticas de la catástrofe. Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta y regresar a Córdoba cuando ya se dirigían al lugar del siniestro para prestar auxilio, según El Debate.
Los hechos se produjeron en torno a las 19:45 horas, mientras se disputaba en el estadio de El Arcángel el partido de Liga entre Córdoba y Málaga, considerado de alto riesgo y con unos 20.000 aficionados en las gradas. A apenas 37 kilómetros del punto del accidente, los agentes desplegados comenzaron a movilizarse tras conocerse las primeras informaciones del choque entre dos trenes.
La jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, María Dolores López Sánchez, presente en el encuentro, ofreció hasta en dos ocasiones el apoyo de sus unidades para acudir a Adamuz. Sin embargo, cuando tres furgonetas con 18 agentes ya habían iniciado el desplazamiento, recibieron la orden de regresar inmediatamente a la capital.
Según fuentes sindicales consultadas por El Debate, la instrucción partió de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, una decisión que ha generado sorpresa e indignación entre los policías, especialmente por producirse en uno de los momentos más críticos de la emergencia. Entre las víctimas mortales se encontraba, además, un agente de la Policía Nacional, recientemente padre y residente en Málaga.
El episodio ha reavivado el conflicto de competencias entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que desde el entorno policial se apunta a una supuesta negativa inicial del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente Castrejón, a aceptar el refuerzo.
Desde la Benemérita han negado cualquier veto, asegurando que en esos primeros momentos la prioridad absoluta era la asistencia sanitaria y la intervención de los bomberos, evitando colapsar la vía de evacuación. Según esta versión, el ofrecimiento de la Policía Nacional y de otras unidades quedó en reserva, a la espera de ser requerido.
En la gestión del conflicto intervino también el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, que trató de mediar entre los mandos hasta que se produjo la intervención directa de la subdelegada del Gobierno, que zanjó la situación ordenando el repliegue.
El resultado fue que los agentes preparados para intervenir tuvieron que regresar, mientras Adamuz afrontaba una de las noches más devastadoras de su historia reciente.
