Hasta 800 conductores que perdieron sus vehículos en la DANA del pasado 29 de octubre pueden verse obligados a devolver la indemnización recibida del Consorcio de Compensación de Seguros si el Gobierno no habilita un procedimiento que lo evite. El problema afecta a los titulares de coches arrastrados por la riada y nunca localizados, que al no poder ser peritados permanecen en un limbo administrativo.

La Generalidad Valenciana ha solicitado al Ejecutivo central que adopte las medidas necesarias para que los damnificados puedan conservar las ayudas. El Consell de Carlos Mazón ha instado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a establecer un procedimiento extraordinario que permita dar de baja definitiva a los vehículos siniestrados, una solución que los afectados reclaman desde hace meses sin obtener respuesta.

La consejera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha explicado que, pese a contar con la baja provisional, la normativa actual impide declarar la baja definitiva sin un peritaje que acredite el siniestro total y el destino de los vehículos al achatarramiento. Esta situación deja a los conductores en un vacío legal que pone en peligro tanto la indemnización del Consorcio como las ayudas de la propia Generalidad.

«Somos conscientes de la inquietud y la impotencia que esta circunstancia genera a cientos de afectados y en ningún caso queremos llegar a esa situación», afirmó Merino. La consejera subrayó que la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) está realizando todas las gestiones necesarias para garantizar que los afectados no pierdan las ayudas, aunque recordó que la competencia para resolver el problema corresponde exclusivamente a la DGT.