El Ayuntamiento de Paiporta ha cobrado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a vecinos cuyas viviendas y bajos comerciales quedaron arrasados por la riada del pasado 29 de octubre, según ha avanzado Actualidad Valencia. Recibos de más de 300 euros en hogares y de hasta 900 en locales han llegado a familias que todavía no han podido regresar a sus casas o que afrontan costosas obras de reconstrucción, lo que ha desatado un fuerte malestar en la localidad.
El calendario fiscal del consistorio fijaba el plazo voluntario de pago del IBI urbano entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2025, con cargo automático en las cuentas de quienes lo tenían domiciliado. Además, los contribuyentes que habían solicitado fraccionar el recibo llevan pagando desde mayo en mensualidades que se prolongarán hasta octubre.
El malestar se entiende porque, apenas unas semanas antes, el propio gobierno municipal había anunciado un plan de alivio fiscal tras la DANA. El 1 de abril, la entonces alcaldesa Maribel Albalat presentó una batería de exenciones que estarían vigentes hasta diciembre de 2025 con la intención de «rebajar la presión fiscal y ayudar a la recuperación».
Aquella medida liberaba del pago de tasas como los vados, las licencias urbanísticas para obras de reparación, la ocupación de vía pública para terrazas de hostelería o las cuotas de mercado y mercadillo. Sin embargo, el IBI —el tributo de mayor impacto en la economía doméstica y empresarial— quedó fuera del paquete.
Los afectados denuncian que la decisión deja en papel mojado las promesas de apoyo. «Han eliminado tasas menores, pero el impuesto más alto, el que de verdad pesa, no lo han tocado», se queja un vecino que perdió su vivienda en la riada.
El contraste entre lo proclamado públicamente y lo que finalmente se ha ejecutado ha reabierto el debate sobre la suficiencia de las medidas municipales. Para algunos vecinos, la estrategia de Paiporta se queda corta y debería haber contemplado una exención directa del IBI para las propiedades dañadas por el desastre natural.
