El Gobierno prepara un nuevo golpe a los propietarios a través del Real Decreto-ley 16/2025, una norma que volverá a paralizar los desahucios y que, según denuncian los afectados, abre de nuevo la puerta a la okupación y la inquiokupación. El texto se votará en un pleno extraordinario el próximo 27 de enero en el Congreso de los Diputados y llega envuelto en un formato que las asociaciones califican sin ambages como una «trampa legislativa».

El decreto adopta la fórmula de ómnibus, lo que obliga a votar en bloque un paquete de medidas sin relación directa entre sí. Entre ellas figura la prórroga, por séptimo año consecutivo, del llamado escudo social, que mantiene la suspensión de desahucios y lanzamientos para personas consideradas vulnerables sin alternativa habitacional. En la práctica, esta suspensión también ampara a okupas e inquiokupas, trasladando una vez más el peso del problema a los pequeños propietarios.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación denuncia que el Gobierno repite una estrategia ya conocida. Mezcla medidas socialmente sensibles, como pensiones y ayudas, con disposiciones que afectan de lleno al derecho de propiedad. El objetivo, según la entidad, consiste en blindar políticas que fomentan la impunidad de la okupación y forzar a los partidos a elegir entre apoyar todo el paquete o rechazarlo en su conjunto.

La Plataforma subraya que la medida no afecta a grandes tenedores, sino principalmente a familias trabajadoras con una única vivienda en alquiler. A su juicio, el Ejecutivo se presenta como protector de los vulnerables a costa de usurpar la propiedad de otros. Miles de familias, advierten, pagan con el ahorro de toda una vida un problema que el Estado se niega a resolver.

El formato del decreto impide el debate y la votación independiente de cada medida, lo que convierte la sesión parlamentaria en un auténtico chantaje político. Los grupos quedan atrapados entre validar ayudas necesarias y aceptar, al mismo tiempo, un nuevo atropello a la propiedad privada, o rechazar el conjunto y asumir el coste político de tumbar el decreto.

La asociación recuerda que los pequeños propietarios con una sola vivienda sostienen el 93,4% del mercado del alquiler en España. Sin inversión en vivienda pública ni refuerzo de los servicios sociales, el Gobierno no soluciona la emergencia habitacional. Solo cronifica el conflicto y alimenta la okupación, mientras el propietario mantiene a quien no paga ni abandona la vivienda sin respaldo institucional alguno.

Mientras tanto, los propietarios vuelven a quedar en tierra de nadie. La Plataforma insiste en que el bienestar social no puede construirse sobre la vulneración del derecho a la propiedad y propone una alternativa clara. Ayudas directas al alquiler y realojos en viviendas de titularidad pública, en lugar de imponer a particulares una carga que corresponde al Estado. Una solución que el Gobierno sigue sin abordar mientras prorroga, año tras año, un modelo que congela desalojos y blinda la okupación.