La Generalitat de Catalunya ha realojado a 153 personas tras el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, un edificio ocupado durante años y convertido en foco de degradación e inseguridad. El operativo, ejecutado el 17 de diciembre por los Mossos d’Esquadra, puso fin a una ocupación ilegal en la que llegaron a residir unas 400 personas, muchas de ellas sin ningún título habilitante.
Según la Conselleria de Derechos Sociales, unas 170 personas quedaron sin alojamiento tras el desalojo. Doce días después, entre 50 y 70 continúan durmiendo bajo un puente de la C-31, de acuerdo con datos de entidades sociales. La propia Generalitat admite que algunos se niegan a abandonar el lugar, pese a los recursos ofrecidos.
El Ejecutivo autonómico sostiene que identificó como «especialmente vulnerables» a unas 150 personas y que, en coordinación con ONG y otras administraciones, procedió a su realojo. Sin embargo, la situación evidencia los límites —y los incentivos perversos— de una política que premia la okupación ilegal: se interviene tarde, se realoja sin resolver el origen del problema y se perpetúa un efecto llamada que acaba trasladando el conflicto de un punto a otro.
Vecinos y comerciantes de Badalona denuncian que la ocupación masiva del B9 se toleró durante años sin alternativas eficaces ni control, y que el desalojo ha desembocado en campamentos improvisados en el entorno viario, con los consiguientes riesgos de salubridad y seguridad. La Generalidad asegura que «sigue trabajando» para encontrar soluciones, pero evita abordar la cuestión de fondo: la normalización del realojo como respuesta automática a la ocupación
