Esquerra Republicana ha vuelto a situarse del lado de la okupación y la inmigración ilegal. La formación separatista ha registrado este viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez para censurar el desalojo del antiguo Instituto B9 de Badalona, un edificio público convertido desde hace años en un asentamiento ilegal.
El desalojo, ejecutado este miércoles a petición del Ayuntamiento de Badalona, se llevó a cabo en virtud de una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad del inmueble. Pese a tratarse de una actuación plenamente amparada por la ley, ERC ha denunciado la intervención y ha reclamado la regularización administrativa de los inmigrantes que ocupaban el edificio.
El diputado de ERC Jordi Salvador ha acusado a las administraciones de dejar a los ocupantes «en una situación de vulnerabilidad extrema», obviando que se trataba de una ocupación ilegal de un inmueble público. Según ERC, el desalojo se habría producido «sin garantizar mecanismos suficientes de realojo», una afirmación con la que el partido pretende cuestionar la actuación judicial y municipal.
En su ofensiva parlamentaria, Salvador ha ido más allá y ha calificado el desalojo como un ejemplo de «racismo institucional», asegurando que responde a un supuesto «modelo que criminaliza la pobreza y la migración». Una narrativa habitual en la izquierda radical, que evita mencionar el impacto de la okupación sobre los vecinos, el deterioro del espacio público y la inseguridad asociada a este tipo de asentamientos ilegales.
ERC también ha puesto el foco en la Ley de Extranjería, a la que acusa de «agravar la desprotección» de los inmigrantes ilegales, y ha instado al Ejecutivo a evitar traslados a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras desalojos como el de Badalona. Para los republicanos, la solución pasa por abrir nuevas vías de regularización masiva, a pesar del bloqueo parlamentario de la proposición de ley en esta materia.
La iniciativa de ERC se enmarca en una estrategia más amplia de presión al Gobierno para normalizar la okupación y la inmigración ilegal bajo el paraguas de los llamados «derechos sociales», incluso cuando ello implica desautorizar resoluciones judiciales y cuestionar el principio de legalidad. Mientras tanto, la crisis de la vivienda y el aumento de la okupación siguen afectando a miles de familias españolas que sí cumplen la ley.
