El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado el paso definitivo en lo relativo a la censura a periodistas incómodos en el Congreso de los Diputados y propondrá a debate este martes una nueva regulación de la actividad para expulsar a quienes les sean incómodos bajo el argumento de «proteger a los profesionales de la información acreditados». La propuesta, presentada junto a sus aliados parlamentarios, busca modificar el reglamento de la Cámara Baja para establecer un marco normativo que permita controlar el acceso de comunicadores a las instalaciones parlamentarias.
Impulsada por el PSOE y respaldada por Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, el PNV, BNG, Coalición Canaria y con el apoyo externo de Podemos, la proposición de ley incluye también medidas para extender el voto telemático de los diputados, aunque el foco está puesto en la actividad de los medios. En concreto, se plantea que la Mesa del Congreso tenga la capacidad de regular los criterios para conceder o retirar acreditaciones, atendiendo a conceptos como el «respeto al derecho a la información veraz» o el «buen funcionamiento» del Parlamento, conceptos vagos que han generado preocupación entre sectores del periodismo.
Uno de los elementos más polémicos de la propuesta es la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que estaría formado por representantes de los grupos políticos y por entidades del ámbito de la información. Este órgano podría tener voz en la valoración del comportamiento de los comunicadores, con un catálogo de hasta 17 tipos de infracciones que van desde las leves hasta las muy graves.
Las sanciones contempladas incluyen desde apercibimientos hasta la retirada temporal de la credencial profesional, con suspensiones de hasta tres meses en los casos más severos. Se considera falta muy grave, por ejemplo, grabar imágenes o audios con dispositivos ocultos en zonas reservadas, o manifestar comportamientos considerados irrespetuosos —por ellos— o contrarios a las normas de cortesía dentro del recinto del Congreso.
La iniciativa se presenta tras varios episodios de tensión vividos recientemente entre periodistas y otros profesionales acreditados en la Cámara, lo que llevó a la mayoría del colectivo de periodistas parlamentarios de medios subvencionados por el bipartidismo a ausentarse en bloque de las ruedas de prensa del pasado martes como medida de protesta.
El Ejecutivo y sus socios justifican la propuesta en base a peticiones expresas de asociaciones de periodistas, que habrían solicitado medidas para frenar lo que califican de acoso o prácticas desleales dentro del Congreso. En su exposición de motivos, los proponentes denuncian la presencia de individuos acreditados como periodistas que, según ellos, se dedican a hostigar e impedir el ejercicio libre del periodismo en el ámbito parlamentario.
Mientras tanto, VOX ya ha mostrado su frontal rechazo a la propuesta y el Partido Popular aún no ha confirmado cuál será su posición en la votación inicial, aunque su portavoz, Miguel Tellado, ha manifestado críticas al considerar que se está promoviendo un filtro ideológico sobre la labor informativa.
