La puesta en marcha de una nueva compañía de transporte por carretera impulsada por Renfe evidencia un escenario de dificultades persistentes en el sistema ferroviario español que podría prolongarse durante los próximos 15 años, según se desprende de la licitación elaborada por el Ministerio de Transportes. Según publica The Objective, el proyecto prevé la creación de una sociedad destinada a trasladar por autobús a viajeros afectados por incidencias, averías, fenómenos meteorológicos adversos o cortes derivados de obras en la infraestructura ferroviaria.
De acuerdo con los pliegos del concurso público, la futura empresa contará con una titularidad compartida. La operadora pública ferroviaria mantendrá el 49% del capital, mientras que el 51% restante corresponderá a la compañía adjudicataria del contrato. El acuerdo marco tendrá una duración inicial de diez años y podrá ampliarse mediante prórrogas sucesivas hasta un máximo de cinco años adicionales, lo que situaría el periodo total de vigencia en quince años.
La documentación contractual establece que el objetivo principal de la iniciativa es garantizar a los clientes de Renfe Viajeros un transporte alternativo por carretera en caso de interrupción del servicio ferroviario. Entre las causas contempladas figuran cortes de vía por obras, incidencias técnicas, averías, condiciones meteorológicas adversas o cualquier otro factor que afecte a la circulación de trenes.
La duración prevista del contrato ha sido interpretada como un indicio de que las actuaciones de renovación y mantenimiento de la red ferroviaria se extenderán durante un periodo prolongado.
En los últimos meses, el sistema ferroviario español ha registrado un aumento de retrasos, cancelaciones e incidencias operativas. Pero tras el accidente ferroviario registrado recientemente en la provincia de Córdoba, el Ministerio de Transportes y las organizaciones sindicales del sector alcanzaron un acuerdo para reforzar el sistema.
Mientras, la investigación oficial sobre las causas del siniestro de Adamuz continúa en curso y sus conclusiones deberán servir de base para la adopción de futuras medidas regulatorias y operativas.
