«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Nuevo paso contra las tradiciones populares

El Gobierno de Sánchez prohíbe los espectáculos del «bombero torero» y endurece las sanciones hasta el millón de euros

Toreros cómicos de 'Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros'. Facebook

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos y prohíbe los tradicionales festejos cómico-taurinos conocidos como «bombero torero» cuando puedan suponer, según el Ejecutivo, una mofa pública o una vulneración de la dignidad de personas con discapacidad, especialmente personas con enanismo.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, introduce un nuevo apartado en el artículo 90 del reglamento, estableciendo que estos espectáculos deberán respetar la dignidad humana y no podrán lesionar derechos fundamentales ni someter a denigración pública a colectivos vulnerables. Asimismo, se impide expresamente que las autoridades competentes autoricen eventos que incumplan este criterio.

El Gobierno sostiene que la modificación refuerza las limitaciones ya previstas en la Ley General de la Discapacidad. Además, la reforma de dicha ley —actualmente en tramitación parlamentaria— tipificará estas prácticas como infracciones muy graves, con sanciones que podrán oscilar entre 600.000 euros y un millón de euros.

Como complemento a la prohibición, el Ministerio mantiene el programa «Pisadas con dignidad», en colaboración con la Fundación ONCE, orientado a ofrecer apoyo social y alternativas laborales a personas con discapacidad que hayan participado en este tipo de espectáculos.

El real decreto también contempla la creación de la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC), un órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad por parte de las comunidades autónomas. Con esta medida, el Ejecutivo culmina la transposición de la Directiva (UE) 2019/882 sobre requisitos de accesibilidad de productos y servicios, situando a España entre los países que han elevado esta normativa al máximo rango legislativo.

La decisión reabre el debate entre quienes consideran estos espectáculos parte de una tradición popular y quienes defienden su eliminación en nombre de la protección de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.

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