El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido, más de un año después de la DANA que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, que la presa de Forata no cumplía la normativa de seguridad hidráulica vigente cuando se produjo una de las mayores situaciones de riesgo vividas en la cuenca del Magro en décadas.
La admisión, adelantada por OkDiario, figura en la documentación de una reciente licitación impulsada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y responsable directo de la infraestructura. En ella se reconoce que la presa, catalogada como gran presa de categoría A, tenía pendiente una revisión general de seguridad obligatoria desde hacía varios años.
Durante la tarde del episodio meteorológico extremo, la rápida y masiva entrada de agua en el embalse convirtió a Forata en uno de los principales focos de preocupación del Cecopi, el órgano que coordinaba la respuesta a las inundaciones entre la Generalidad y el Gobierno central. El volumen acumulado en apenas unas horas llevó al límite la capacidad del pantano y activó el temor a un vertido por coronación o incluso a un fallo estructural, con especial inquietud en localidades como Yátova, donde planeaba el recuerdo del desastre de Tous.
Finalmente, la presa resistió y evitó un colapso que habría tenido consecuencias catastróficas aguas abajo. La tragedia acabó materializándose por el desbordamiento del barranco del Poyo, pero el episodio dejó al descubierto la fragilidad del sistema y la falta de garantías plenas sobre el estado de una infraestructura considerada crítica.
Según detalla la propia Confederación en la memoria del contrato ahora licitado, la normativa técnica obliga a realizar revisiones generales de seguridad con una periodicidad máxima de cinco años en presas como Forata. Sin embargo, la segunda revisión integral se redactó en 2017, por lo que cuando llegó la DANA ya se había superado ampliamente el plazo legal establecido, incumpliendo de facto las exigencias reglamentarias.
El organismo admite que esta situación hacía imprescindible abordar una nueva evaluación exhaustiva que analice el estado estructural del embalse, su explotación y el grado de cumplimiento de las normas de seguridad y de protección civil frente al riesgo de inundaciones. El objetivo declarado es detectar posibles deficiencias y, a partir de ahí, planificar las actuaciones necesarias para corregirlas.
En la documentación oficial se subraya que Forata es una infraestructura hidráulica esencial y que su correcta explotación exige un control permanente y revisiones periódicas que garanticen un nivel razonable de seguridad, algo que no estaba plenamente asegurado en el momento de la emergencia.
La licitación para redactar la tercera revisión general de seguridad llega así catorce meses después de la DANA, con el reconocimiento explícito de que la presa afrontó uno de los episodios más críticos de su historia reciente sin cumplir los plazos de control que marca la ley, un hecho que vuelve a poner el foco en la gestión preventiva de las infraestructuras hidráulicas y en la responsabilidad de las administraciones competentes.
