La Unidad Central de Identificación de la Comisaría General de Policía Científica ha emitido una nota interna en la que se constata un incremento significativo de la actividad administrativa en dependencias policiales, derivado de la reciente modificación del Reglamento de Extranjería.
El documento, —publicado por La Razón-–, está fechado la semana pasada y atribuye este aumento al Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que introduce cambios en los procedimientos de «regularización» del Gobierno de Pedro Sánchez.
Según el texto, se ha producido un aumento sustancial del número de inmigrantes que acuden a las comisarías para realizar trámites vinculados a su situación legal. Entre estos procedimientos destaca la toma de huellas dactilares, requisito necesario para la obtención de certificados de antecedentes penales emitidos por países de origen o de residencia previa. Esta circunstancia ha generado una presión operativa creciente sobre las Brigadas de Policía Científica, encargadas de la gestión de estos servicios.
La nota interna señala la necesidad de homogeneizar criterios de actuación entre las distintas unidades, con el objetivo de garantizar una respuesta uniforme ante el incremento de la demanda. Este planteamiento evidencia la existencia de una sobrecarga funcional, en el que deben adaptarse de forma acelerada a un volumen de trabajo no previsto inicialmente en la planificación operativa.
Fuentes policiales indican que esta situación podría tener efectos indirectos sobre otras funciones esenciales de las comisarías, al requerir la reasignación de efectivos hacia tareas administrativas. En este sentido, el documento reconoce implícitamente la posibilidad de que determinadas áreas operativas se vean afectadas por la concentración de recursos en procesos burocráticos vinculados a la «regularización».
El contexto en el que se produce esta comunicación interna coincide con un debate público sobre la gestión del proceso de regularización impulsado por el Gobierno, entre otros, la insuficiente previsión de medios humanos y materiales para absorber el impacto administrativo de las nuevas medidas.
