El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un real decreto que facilita el acceso a la sanidad pública a inmigrantes ilegales que viven en España, pero el propio Ejecutivo admite que desconoce cuántas personas podrán beneficiarse de la medida y cuál será su impacto real sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García y por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, flexibiliza los requisitos para acceder a la asistencia sanitaria pública.
El nuevo real decreto simplifica el procedimiento para obtener el derecho a la atención sanitaria. Según el Ministerio de Sanidad, bastará con presentar una declaración responsable en la que el solicitante afirme que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede exportar ese derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado a pagar su asistencia. Desde el momento en que presente la solicitud, recibirá un documento provisional que le permitirá acceder de forma inmediata a la sanidad pública en cualquier comunidad autónoma.
La norma también modifica la forma de acreditar el tiempo de residencia en España. Hasta ahora el certificado de empadronamiento era el documento válido para demostrar una estancia superior a tres meses. Con el nuevo decreto pasa a ser sólo el «documento preferente». Será suficiente presentar una declaración jurada acompañada de otros medios de prueba como certificados de escolarización, informes de servicios sociales o facturas de suministros.
Además, el procedimiento establece que el sistema sanitario prestará la asistencia primero y comprobará después si el solicitante cumple los requisitos. La administración dispondrá de un plazo de tres meses para verificar la información. Si no resuelve en ese tiempo, el silencio administrativo será positivo y el solicitante mantendrá el derecho a la atención sanitaria.
El debate político se ha intensificado porque el Gobierno no ha acompañado la medida de una estimación sobre el número de personas que podrían acogerse al nuevo sistema. No existe un análisis del impacto económico y asistencial que podría tener el decreto en un sistema público ya tensionado por el aumento de las listas de espera.
El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reconoció esta incertidumbre al ser preguntado por la cuestión. «Es complicado estimar el número de personas que ahora podrán tener acceso en aquellas comunidades autónomas que lo estaban dificultando de manera sistemática«, afirmó. El dirigente añadió que sólo después del proceso de regularización que prepara el Gobierno se podrá calcular cuántas personas en situación ilegal quedarían sujetas al nuevo real decreto.
