Poco más de 3.000 inmigrantes ilegales fueron devueltos a sus países en 2024, según los datos oficiales. El Ejecutivo reconoce que, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, las órdenes de expulsión se han reducido un 30%: en aquel año se repatriaron casi 4.200 personas.
El mayor registro de devoluciones se produjo en 2019, primer año completo del mandato de Sánchez, con 4.677 repatriaciones. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 trastocó los procesos: en 2020 las devoluciones cayeron hasta 1.834. Para 2023 hubo un repunte leve, 3.090 expulsiones, pero en 2024 la cifra descendió de nuevo hasta 3.031.
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno subraya que la normativa vigente impone procedimientos estrictos que deben cumplirse antes de ejecutar una orden de expulsión. El Ejecutivo enumera causas que paralizan los retornos: la imposibilidad o dificultad para documentar al ciudadano y lograr la aceptación del país de origen; las solicitudes de protección internacional, cuya tramitación suspende la ejecución; la negativa del país de origen a recibir a su súbdito; la falta de autorización judicial cuando existen causas penales; y las dificultades ocasionales para localizar al extranjero y ejecutar su expulsión en los casos en que no se ha autorizado su internamiento en CIE.
«Hasta que no queden resueltos trámites como la imposibilidad o dificultad en documentar al ciudadano para ser aceptado por las autoridades de su país de origen; las solicitudes de protección internacional que, por imperativo legal, conlleva la suspensión de la ejecución; la negativa de las autoridades del país de origen en aceptar a su súbdito; la falta de autorización judicial en aquellos casos en los que el extranjero cuenta con causas penales pendientes; las dificultades que ocasionalmente se puedan dar para la localización del extranjero y la ejecución de su expulsión, en aquellos casos en los que no se ha autorizado su internamiento en CIE; no se pueden ejecutar hasta que quedan resueltos todos estos trámites, ajenos en su mayor parte al Ministerio del Interior», explica el Ejecutivo.
Esta reducción de expulsiones contrasta con un aumento pronunciado de las entradas no autorizadas. El informe quincenal del Ministerio del Interior cifra en 32.513 las llegadas ilegales en 2019, año en que sólo se practicaron 4.677 repatriaciones, es decir, siete entradas por cada persona expulsada. La disparidad se agudiza en 2024: se registraron 63.970 entradas ilegales frente a apenas 3.031 expulsiones; por cada expulsado entraron 21 personas.
El Gobierno añade que, dado que la documentación y la cooperación de las autoridades de los países de origen resultan esenciales, el conocimiento de la nacionalidad podría perjudicar de forma real —no hipotética— las relaciones exteriores de España y comprometer la colaboración de esos Estados.
El propio Ejecutivo admite que la llegada masiva de inmigrantes a las Islas Canarias entraña un «riesgo para la seguridad«. El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ha encargado a la empresa pública Tragsa el apoyo en la atención a las personas llegadas a las costas en centros de primeras acogidas. En los pliegos del contrato se justifica este refuerzo por el incremento de llegadas, que genera «situaciones de grave peligro para el orden público».
«Desde el verano de 2023 se ha producido un incremento sin precedentes de la llegada de personas a costas españolas, para las que ha sido necesario realizar actuaciones de cara a proveer a estas personas de las necesidades básicas para poder proporcionar un servicio integral de atención. No obstante, hasta la actualidad no ha cesado la llegada de migrantes procedentes de África a nuestras costas, y si bien, ya se cuenta con algunas infraestructuras que permiten atender el flujo migratorio sin que concurra una situación catastrófica o de grave peligro», recogen los pliegos.
El ministerio advierte que cualquier demora en la atención de quienes acceden a nuestras fronteras puede provocar riesgos diversos. «Puede generar situaciones de grave peligro para el orden público derivadas del cierre de los centros existentes por falta de continuidad de los servicios esenciales descritos», concluye el documento.
