El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado autorizar a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) la concesión de hasta 40 millones de euros en subvenciones dirigidas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) durante lo que resta de 2026. La medida forma parte de la política de cooperación internacional financiada con fondos públicos.

Según el acuerdo, que ha sido publicado por el exdiputado Pablo Cambronero, la AECID abrirá una convocatoria para financiar proyectos de «desarrollo sostenible y solidaridad global» impulsados por ONG. El importe máximo autorizado asciende a 40 millones de de euros, que serán distribuidos entre estas entidades en función de los criterios establecidos por la propia convocatoria.

Esta partida se suma al conjunto de recursos que las distintas administraciones —Gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos— destinan a políticas de cooperación.

El Ejecutivo justifica estas ayudas dentro de su estrategia de acción exterior y cooperación internacional. Sin embargo, el volumen agregado de fondos y su distribución a través de múltiples administraciones y organismos vuelve a situar el foco en la falta de claridad sobre el destino final de estos recursos y los mecanismos de control efectivos sobre las subvenciones.