VOX ha presentado una querella ante el Tribunal de Instancia de Ferrol contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y los responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en La Coruña por no garantizar el acto electoral que celebró el sábado 31 de octubre en la Rúa Cantón Molins con el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé.
La formación comunicó el acto en tiempo y forma y pidió expresamente la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un día antes, «Galiza Nova» y otros colectivos separatistas y ultraizquierdistas convocaron en el mismo lugar, y media hora antes, una concentración con el objetivo declarado de frenarlo.
La Delegación lo sabía y conocía lo ocurrido días antes en La Coruña, pero no prohibió la contramanifestación ni cambió su lugar u horario.
«No se trata de un caso aislado, sino que la misma falta de actuación se ha repetido en La Coruña, Mahón, Avilés o Zamora, donde delegaciones del Gobierno que conocen el riesgo están permitiendo la protesta junto al acto de VOX y no adoptan medidas eficaces para proteger un acto electoral», ha aseverado VOX.
La querella imputa al delegado del Gobierno un delito electoral, un delito contra los derechos cívicos, en comisión por omisión, y un delito de prevaricación administrativa.
A los promotores de la contramanifestación les atribuye un delito de odio y un delito contra el derecho de reunión, además de las lesiones y daños que resulten. Y a las asociaciones convocantes, con «Galiza Nova» a la cabeza, VOX les exige expresamente responsabilidad penal como personas jurídicas.
En Ferrol, Jorge Buxadé responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Fernando Grande-Marlaska de que los actos de VOX no puedan celebrarse con normalidad: «Esto no sucede en ninguna democracia europea moderna. Es inadmisible».
