El Gobierno ha establecido una subvención directa de hasta 200.000 euros para el Fondo de Mujeres Calala, destinada a promover la participación social de mujeres en situación o riesgo de exclusión. La financiación está recogida en el Real Decreto 565/2026, de 8 de julio, y corresponde a un programa cuyo periodo de ejecución comenzó el 1 de septiembre de 2026 y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027.
La entidad beneficiaria expresa abiertamente su posición política. En la presentación de su memoria anual de 2025, identifica el crecimiento de las fuerzas de derecha como uno de los motivos para mantener su actividad de financiación y acompañamiento a organizaciones.
La derecha, señalada como responsable de un retroceso de derechos
Calala sostiene que «el avance de la derecha y la extrema derecha», tanto en Europa como en el resto del mundo, «empuja hacia atrás derechos que costó décadas conquistar». A continuación, presenta el compromiso de las mujeres y colectivos organizados como una respuesta a ese escenario.
El planteamiento engloba a la derecha en general, además de a la extrema derecha. El pasaje no identifica partidos concretos ni detalla qué reformas legislativas fundamentan esa afirmación.
La organización define su modelo como una filantropía feminista, antirracista y descolonial. También presenta los cuidados como una apuesta política y el acompañamiento a los colectivos como una forma de distribuir poder. Su memoria combina así la descripción de actividades sociales con una interpretación ideológica del contexto en el que actúa.
Protección de activistas e influencia en las instituciones
Ese enfoque tiene una traducción concreta en sus programas. En Activismo seguro, Calala explica que respalda a activistas feministas y organizaciones que defienden los derechos de mujeres, lesbianas, personas trans, migrantes y personas racializadas, especialmente cuando sufren acoso, violencia o criminalización por su actividad.
La presentación del programa incluye entre las funciones del movimiento feminista la concienciación social, la información sobre derechos, la influencia en las instituciones del Estado para promover cambios y la articulación de un movimiento organizado a escala nacional y regional.
Por su parte, Justicia Migrante ofrece apoyo económico y material a colectivos y busca aumentar su capacidad de influencia ante las administraciones y la sociedad. La entidad describe actuaciones relacionadas con el acceso a residencia legal, vivienda, sanidad y empleo, junto con la defensa de las trabajadoras del hogar.
Entre las actividades de los grupos que apoya, su web recoge expresamente que «trabajan para eliminar la Ley de extranjería para avanzar hacia un sistema más justo y equitativo». La asistencia a personas migrantes convive, por tanto, con demandas de modificación del marco político y legislativo.
Una subvención que permite financiar a otras organizaciones
La ayuda prevista por Igualdad se dirige específicamente al programa de participación social de mujeres en situación o riesgo de exclusión. El decreto permite que Calala organice una convocatoria para conceder apoyo financiero a otros proyectos, siempre que encajen estrictamente en ese programa y cumplan las condiciones de la resolución.
También contempla determinados gastos de asesoría jurídica y financiera, materiales, viajes y organización de actividades. El BOE establece el importe máximo autorizado; no acredita por sí solo que los 200.000 euros hayan sido pagados ni que financien todos los programas de la entidad.
El modelo de intermediación ya aparece en otra convocatoria anterior, respaldada por el Instituto de las Mujeres. En junio, Calala anunció la selección de diez iniciativas para 2026, entre ellas Kellys Unión Catalunya, Metzineres y asociaciones de mujeres inmigrantes de Ronda y Castellón.
Las bases fijaban 10.000 euros por proyecto y contemplaban atención directa, fortalecimiento colectivo, incidencia social y política, encuentros e investigación, además de cuidados y recuperación de activistas. Esta convocatoria precede al decreto de julio y constituye una financiación distinta de la nueva ayuda prevista hasta finales de 2027.
