El Gobierno de Sánchez destinó 329.492.816,49 euros a la financiación de plataformas digitales, medios de comunicación públicos y grupos audiovisuales con el objetivo declarado de combatir la desinformación y las denominadas fake news. Así consta en el Informe sobre medidas de alfabetización mediática desarrolladas en España en el periodo 2023-2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al que ha tenido acceso The Objective.
El documento analiza las actuaciones impulsadas entre noviembre de 2022 y octubre de 2025 y cuantifica el volumen de recursos movilizados por las distintas administraciones públicas. Sin embargo, pese al elevado montante, el informe evita ofrecer un desglose pormenorizado de los beneficiarios concretos, lo que impide conocer con precisión el destino final del dinero público.
Según reconoce el propio regulador, la mayor parte de los fondos se canalizó mediante programas gestionados directamente por las administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico. Este diseño, subraya la CNMC, dificulta identificar a los receptores finales. De hecho, la financiación agregada del conjunto de programas analizados desde 2022 se eleva hasta 336,6 millones de euros, de los que más del 95% corresponde a iniciativas impulsadas y ejecutadas por organismos públicos.
La llamada «alfabetización mediática» se convirtió en uno de los ejes recurrentes del discurso del Ejecutivo durante esta legislatura. En el Plan para la Democracia, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre de 2024, ya figuraba como prioridad su promoción en el ámbito educativo. El objetivo oficial pasaba por formar a los alumnos en la detección de bulos y en la diferenciación entre información veraz y contenidos engañosos.
En esa misma línea, el Gobierno registró una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Educación, con la que proponía introducir formación específica en «lenguaje audiovisual, cinematográfico y en su didáctica» dirigida al profesorado como herramienta contra la desinformación.
La CNMC define este concepto como «la capacidad de las personas de acceder, comprender, crear y evaluar de forma crítica los diferentes tipos de medios de comunicación y las redes sociales, con el objetivo de participar activamente en la vida democrática». En la práctica, se trata de desarrollar competencias orientadas al análisis crítico de noticias, imágenes y vídeos, así como a la identificación de sus fuentes.
El informe se enmarca en las directrices impulsadas por la Unión Europea contra la desinformación y constata un notable incremento de referencias normativas a la alfabetización mediática. Mientras que en el periodo anterior sólo se identificaron tres disposiciones legales, en el actual se contabilizan 13. Cinco fueron promovidas a nivel estatal por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y ocho por comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Navarra y el Principado de Asturias.
La CNMC recopiló un total de 580 medidas de alfabetización mediática, que abarcan desde acciones divulgativas hasta iniciativas legislativas. En este listado destaca Radio Televisión Española (RTVE), con 67 medidas, seguida de la plataforma de verificación Maldita.es, con 39, y del grupo Mediaset, con 23. El informe incorpora como novedad las actuaciones promovidas por plataformas de intercambio de vídeo e influencers registrados en España.
Al margen de este macroprograma, el Ejecutivo movilizó otros diez millones de euros para campañas institucionales destinadas a concienciar sobre la democracia, las libertades públicas y los llamados «derechos conquistados». Estas actuaciones se impulsaron desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, con especial atención a los públicos más jóvenes.
Según el pliego de condiciones analizado por The Objective, el contrato se publicó el pasado 7 de abril y preveía la contratación de una agencia creativa especializada en publicidad para idear y ejecutar campañas de alcance nacional. El objetivo declarado consistía en «avanzar en la construcción de una democracia más fuerte y resiliente«, en el marco del denominado Plan de Acción por la Democracia.
