Lo que empezó como una medida «puntual» para reforzar la seguridad del sistema eléctrico tras el gran apagón del 28 de abril se ha convertido en un problema estructural. Cinco meses después, los sobrecostes acumulados ya rozan los 800 millones de euros, y el Gobierno de Pedro Sánchez estudia trasladarlos directamente a la factura de la luz de todos los españoles, según informa El Mundo.
El «escudo antiapagones» de Red Eléctrica, consistente en un modo de operación más conservador y más caro, ha disparado el uso de los llamados servicios de ajuste, un mecanismo para equilibrar en tiempo real la oferta y la demanda eléctrica. El resultado: un incremento histórico en los costes que golpea especialmente a la gran industria, ya de por sí castigada por la inflación.
Según cálculos de la patronal de empresas electrointensivas, las restricciones técnicas han encarecido en más de 810 millones las facturas entre enero y agosto, reduciendo la competitividad de fábricas y exportaciones. La situación es tan grave que el Ministerio para la Transición Ecológica ahora admite su «preocupación» y sopesa una redistribución de los costes.
La fórmula que se maneja es trasladar los servicios de ajuste a los peajes eléctricos, de forma que los hogares y pequeños consumidores carguen parte del sobrecoste que hoy soporta de lleno la industria. En la práctica, esto supondría que millones de familias paguen aún más en su recibo de la luz, mientras que las grandes empresas verían aliviado su impacto.
Especialistas advierten de que el resultado será demoledor para el bolsillo de los españoles. Un consumidor doméstico medio podría pagar hasta 90 euros adicionales al año.
La cuestión está ahora en manos de la CNMC, competente en la fijación de peajes. No obstante, el Gobierno influirá mediante orientaciones políticas o incluso con legislación vinculante. Y la presión de la gran industria, que advierte de deslocalizaciones y cierres si la situación se mantiene, parece inclinar al Ejecutivo hacia esta opción.
