El Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres entre julio de 2019 y julio de 2023, concedió durante la pandemia cerca de una veintena de contratos de emergencia, sin licitación previa, por valor de 45 millones de euros a cinco empresas que más tarde acabarían siendo investigadas por distintos organismos. A esa cifra se suman otros 17,6 millones recibidos por la empresa ACJ Inversiones Canarias, cuyos directivos fueron citados por el Parlamento autonómico en la comisión de investigación del llamado caso Mascarillas.
Según un análisis de The Objective, los contratos se formalizaron durante los meses más críticos de la pandemia, cuando el material sanitario resultaba esencial y las administraciones recurrieron al procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Este mecanismo permitía adjudicar directamente compras de mascarillas, batas o equipos de protección sin pasar por un concurso público, con la posibilidad de financiar parte del gasto mediante fondos europeos del Feder y del programa React-EU.
Cinco de las empresas beneficiadas —Injoo, Damco Trading, Tanoja Services, Soluciones de Gestión y RR7 United— acabaron bajo la lupa de la Fiscalía Europea, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Audiencia de Cuentas de Canarias. Todas ellas han sido investigadas por presunto fraude, irregularidades en subvenciones o cobro de comisiones.
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas obtuvo casi 12,3 millones de euros en cuatro contratos financiados con fondos europeos. La compañía, clave en el caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, habría estado controlada de facto por el empresario Víctor de Aldama, a quien la UCO señala como intermediario pese a no figurar en el accionariado. Los investigadores sostienen que parte del dinero se desvió hacia su entramado empresarial. Los informes no atribuyen delitos al entonces presidente canario, aunque sí recogen que mostró interés en algunos pagos tras gestiones de Koldo García. Torres, hoy ministro de Memoria Democrática, ha calificado estas informaciones de “infamias” y mantiene que sólo se trató de trámites administrativos.
RR7 United, por su parte, firmó un contrato de cuatro millones de euros para el suministro de un millón de mascarillas FFP3. El material no se ajustó a lo pactado y la operación, financiada con fondos de la UE, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Europea por presunto fraude. La polémica provocó la dimisión de Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS) y responsable directo de la contratación.
Damco Trading Services también figura entre las grandes beneficiadas, con siete contratos de emergencia financiados por Europa por valor de casi 16,6 millones y otros tres adicionales sin fondos europeos por algo más de tres millones. La Audiencia de Cuentas detectó deficiencias formales, falta de acreditación de solvencia técnica y escasa trazabilidad del gasto. La Fiscalía Europea ha solicitado toda la documentación para verificar el uso de los fondos.
Tanoja Services, con sede en Madrid, recibió 4,2 millones de euros en contratos financiados por la UE para el suministro de material sanitario al SCS. En 2024, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas abrió diligencias sobre los contratos adjudicados a Tanoja y Damco entre 2020 y 2021.
Innjoo Technology, filial española de una marca con sede en Dubái, fue la única gran adjudicataria que no era una pyme. Percibió más de 7,7 millones de euros en seis contratos de emergencia. Los informes policiales apuntan posibles irregularidades en los procesos de importación y control de calidad.
La mayor adjudicataria fue ACJ Inversiones Canarias, con 20 contratos de emergencia que sumaron 17,6 millones. Aunque la empresa niega estar imputada y no figura como investigada, la Audiencia de Cuentas ha señalado carencias en la documentación y fallos en el control de los expedientes.
Los informes oficiales insisten en un mismo patrón: la tramitación de emergencia redujo controles y plazos, pero no eximía de justificar la necesidad de los contratos ni de acreditar la solvencia de los proveedores, especialmente cuando se usaban fondos europeos.
La Audiencia de Cuentas ha constatado anomalías significativas en buena parte de los expedientes. Mientras tanto, la Fiscalía Europea revisa las adjudicaciones cofinanciadas para verificar su conformidad con las normas comunitarias. Torres defiende que no participó en la elección de empresas y que la responsabilidad operativa recayó en el Servicio Canario de Salud.
Aunque la contratación de emergencia se aplicó en toda España durante la pandemia, el caso canario se ha convertido en un ejemplo de los límites del sistema: la falta de controles, la escasa trazabilidad del dinero público y la opacidad en el uso de fondos europeos.
