
Sólo 25 guardias civiles tendrán que hacer frente a la vigilancia de los 1.700 inmigrantes alojados desde este viernes en el campamento instalado por el Gobierno en el puerto de Ceuta. Los agentes destinados en la infraestructura denuncian la falta de refuerzos ante el riesgo de peleas, incidentes y nuevos intentos de acceder clandestinamente a los barcos que conectan la ciudad con la Península.
Según ha adelantado Abc, citando fuentes del Instituto Armado, el dispositivo de la Guardia Civil está compuesto por unos 25 efectivos, pese a que el recinto ha completado ya sus 1.700 plazas. El operativo se reparte además por turnos, de manera que sólo entre seis y ocho agentes estarían trabajando simultáneamente en las distintas funciones que tiene encomendadas el cuerpo dentro del puerto.
La situación preocupa especialmente a los guardias civiles porque su cometido no se limita a controlar el campamento. Los efectivos deben mantener sus tareas habituales de resguardo fiscal y vigilancia del embarque y desembarque de personas, vehículos y mercancías, mientras el recinto portuario alberga ahora a 1.700 hombres llegados durante la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio.
«Si se vuelven a producir peleas o reyertas como protagonizaban en la playa, no vamos a poder contenerles», advierte uno de los agentes citados por Abc. Otro de los efectivos apunta directamente al problema que plantea haber elegido el puerto para instalar el campamento: «La seguridad del puerto está en riesgo».
El temor de los agentes se centra también en los intentos de alcanzar clandestinamente la Península. Según la información que manejan, se estarían registrando una decena de intentos diarios de media de acceder a vehículos o barcos para abandonar Ceuta. Los guardias civiles sospechan que esa presión puede aumentar si los alojados comprueban que su estancia en la ciudad se prolonga.
El nuevo dispositivo temporal instalado en el Muelle de Poniente alcanzó este viernes su capacidad máxima de 1.700 personas pocas horas después de comenzar el traslado desde las playas de Benítez y El Trampolín. Cientos de inmigrantes que esperaban acceder tuvieron que regresar a los asentamientos al quedarse sin plaza.
La ubicación elegida por el Ejecutivo ya había provocado advertencias antes de la apertura. JUCIL alertó de que concentrar a miles de personas en las inmediaciones de una infraestructura crítica podía incrementar la presión sobre la seguridad y la actividad portuaria y reclamó un plan permanente para proteger las instalaciones y a los agentes destinados en ellas.
«Cuando hubo alrededor de 300 personas viviendo en las escolleras ya se produjeron serios problemas y retrasos en la operativa de los barcos. Ahora, con una concentración de esta dimensión, la presión sobre el puerto será mucho mayor», ha advertido la asociación profesional de la Guardia Civil.
Las alertas sindicales llegan después de que la Audiencia Nacional rechazara paralizar cautelarmente el campamento. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) había recurrido la decisión del Ministerio de Transportes de ocupar unos 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente y reclamaba garantías sobre compatibilidad portuaria, emergencias, protección y prevención de riesgos laborales. El tribunal dejó en manos del Ministerio del Interior las medidas destinadas a garantizar la seguridad.
El traslado del viernes ya dejó escenas de carreras, avalanchas y tensión ante la diferencia entre el número de personas que buscaban alojamiento y las plazas disponibles. Tras completar el recinto, miles permanecen todavía en las playas y otros puntos de Ceuta.
La falta de efectivos cobra especial relevancia ante la próxima visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prevista para el lunes 21 de septiembre. Según la información facilitada, el ministro visitará el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio. Por el momento, no consta que vaya a desplazarse al campamento del puerto, precisamente el enclave sobre el que los agentes están lanzando sus principales advertencias de seguridad.