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Medirán el esfuerzo realizado por cada región para cubrir gastos adicionales

El Gobierno destina 20 millones de euros a las comunidades autónomas para atender a 400 inmigrantes ilegales

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i), y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría (d) - Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado una primera partida presupuestaria de 35 millones para la atención de inmigrantes ilegales en 2024. En concreto, la cantidad se dividirá en dos bloques: 15 millones destinados a Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y otros 20 millones, orientados a los traslados entre comunidades autónomas.

En cuanto a la primera sección, la distribución de los 15 millones se reparte de la siguiente manera: seis millones de euros irán a las Islas Canarias, mientras que Ceuta y Melilla recibirán cuatro millones y medio cada una. Estos fondos servirán para cubrir los gastos asociados a la acogida inicial y la atención a inmigrantes. Además, se contempla la financiación para programas de información, asesoramiento psicosocial, escolarización, integración social y laboral, así como asistencia jurídica en procedimientos de extranjería y asilo. También se utilizarán para ampliar plazas en los centros de acogida y cubrir gastos estructurales.

Por otro lado, los 20 millones destinados a los traslados permitirán repartir a 400 menas entre varias comunidades autónomas, de los cuales 300 provienen de Canarias y 100 de Ceuta. Para el próximo año se ha acordado trasladar a 347 de estos menores, mientras que 53 permanecerán en las zonas de origen (40 en Canarias y 13 en Ceuta). No obstante, estos territorios seguirán recibiendo la financiación correspondiente a las plazas que ocupen los menores que se queden.

Al igual que en la primera partida, los fondos asignados a los traslados se destinarán a cubrir la atención inmediata de los menores, su acogida en residencias o familias, su escolarización e integración social, y la asistencia jurídica en los procesos de asilo. Además, se prevé un apartado que medirá y financiará el esfuerzo realizado por las distintas comunidades autónomas, cubriendo los gastos adicionales que surjan de la ampliación de plazas en los sistemas de acogida.

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