El Gobierno de Pedro Sánchez destinará 18.436.704 euros a alimentar a los inmigrantes ilegales del centro de Alcalá de Henares tras licitar un contrato adquirido por la empresa TRAGSA. El expediente, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Unión Europea, detalla que el objeto del contrato es el suministro de comidas en el centro de acogida de personas migrantes Primo de Rivera, ubicado en dicha localidad madrileña.
El centro, que cuenta con aproximadamente 1.700 plazas, implicará un gasto medio diario de unos 25 euros por residente sólo en alimentación, según los cálculos derivados del importe total y la duración habitual de este tipo de contratos. Este coste contrasta de forma llamativa con los presupuestos destinados a la manutención de los mayores en residencias públicas de la Comunidad de Madrid, donde el gasto diario en comida ronda entre los 6,48 y los 7,29 euros por persona.
La adjudicación ha sido gestionada por la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), una sociedad pública dependiente del Estado, que actuará como contratista responsable del servicio de catering en el centro. El proceso ha seguido el procedimiento abierto simplificado, bajo el paraguas de la Directiva 2014/24/UE, que regula la contratación pública en la Unión Europea.
Este centro de acogida ha estado en el foco mediático recientemente tras la detención de un inmigrante maliense, acusado de violar a una joven española en sus inmediaciones, lo que ha reavivado el debate público sobre la gestión de la inmigración ilegal y la seguridad ciudadana.
Mientras se destinan cuantiosos recursos a los centros para inmigrantes, asociaciones de mayores y familias denuncian que los fondos públicos no alcanzan para garantizar una atención digna en las residencias geriátricas, donde el coste alimentario por residente es cuatro veces inferior.
Este nuevo contrato, con un presupuesto que supera los 18 millones de euros sin incluir IVA, vuelve a poner sobre la mesa las prioridades del Ejecutivo en materia de gasto social y migratorio, en un momento en que crece el descontento ciudadano ante los desequilibrios en la distribución de recursos públicos.
