La importación de aceite de oliva procedente de Túnez se ha duplicado en el inicio de 2025 mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla (PP) han dado luz verde a empresas extranjeras para expropiar tierras a cientos de agricultores y talar hasta 500.000 olivos en Jaén, con el objetivo de construir un megaproyecto fotovoltaico. Esta combinación de factores ha provocado la indignación del campo andaluz, donde muchos productores ven amenazada tanto su subsistencia como el futuro de una actividad milenaria, según avanza El Debate.
El sector olivarero atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente. A pesar de que la cosecha de 2024 fue sensiblemente mejor que la desastrosa campaña anterior, los precios del aceite en origen han sufrido un desplome del 54% en apenas un año. Esta caída ha despertado todas las alarmas entre los agricultores, que acusan a grandes operadores del mercado de manipular los precios con prácticas desleales.
Uno de los mecanismos que más inquieta a las organizaciones agrarias es el incremento masivo de las compras de aceite extranjero a bajo coste. Sólo entre enero y febrero de 2025, España ha adquirido 11.877 toneladas de aceite de oliva tunecino, frente a las 5.172 toneladas del mismo periodo en 2023, lo que supone un aumento de casi el 130%, según datos oficiales de DataComex, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Para los productores nacionales, la situación es insostenible. Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Jaén y responsable del sector del olivar en COAG Andalucía, denuncia que el cupo de importación libre de arancel desde Túnez —56.700 toneladas anuales para toda la UE— está siendo utilizado como arma comercial para hundir el valor del aceite español. Según Ávila, grandes comercializadores se abastecen del producto extranjero, aprovechando su bajo precio, y utilizan esa disponibilidad como excusa para dejar de comprar el nacional, lo que fuerza una bajada automática en el precio en origen.
«No hay transparencia alguna. Nadie explica por qué dejan de comprar nuestro aceite, pero lo hacen todos al mismo tiempo. Y eso sólo puede significar una cosa: hay acuerdos implícitos para presionar a la baja», afirma Ávila, que recuerda que COAG ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles prácticas anticompetitivas y acuerdos de precios.
Al mismo tiempo, el sector se enfrenta a otra amenaza: la destrucción masiva de olivares en la Campiña Norte de Jaén para construir infraestructuras energéticas. Decenas de familias están siendo expropiadas para dar paso a un proyecto impulsado por capital extranjero que contempla la eliminación de centenares de miles de olivos. Agricultores locales han denunciado públicamente la pasividad tanto del Gobierno central como del andaluz, a quienes acusan de permitir este “atropello medioambiental y económico».
