La presa de La Retorna, en La Rioja, se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto por la política del Gobierno de demolición de infraestructuras hidráulicas. Pese a seguir en funcionamiento y generar energía, su derribo continúa adelante tras la decisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), mientras el Tribunal Supremo estudia si su posible protección como Bien de Interés Cultural puede frenar la orden administrativa.
El organismo dependiente del Ministerio justificó en 2022 la demolición tras extinguir la concesión de la central hidroeléctrica, vigente durante 75 años. La CHE argumenta la necesidad de restaurar la continuidad fluvial del río Najerilla, aplicar caudales ecológicos y recuperar el entorno natural, en línea con la estrategia estatal que ya ha eliminado 328 infraestructuras similares entre 2018 y 2022.
Sin embargo, el caso de La Retorna ha derivado en una batalla judicial. La empresa Minicentrales Hidroeléctricas de La Rioja recurrió la decisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón avalara tanto el fin de la concesión como la obligación de desmontar la presa. En enero de 2025, una nueva resolución volvió a rechazar la paralización del derribo al considerar aplicable la normativa que permite exigir la retirada de instalaciones una vez extinguida la concesión.
El giro llega ahora con la intervención del Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre si la tramitación de su declaración como Bien de Interés Cultural puede alterar una orden de demolición ya respaldada por la vía judicial. La decisión abre un precedente relevante en la gestión de infraestructuras históricas aún operativas.
Los defensores de la presa insisten en que se trata de una instalación plenamente funcional. Diseñada hace más de ocho décadas por el ingeniero Carlos Fernández Casado, la central genera alrededor de 12.000 megavatios hora al año, el equivalente al consumo de unos 4.000 hogares, y sigue siendo rentable.
El respaldo técnico también es significativo. Entidades como el Instituto de la Ingeniería de España o asociaciones de ingenieros han calificado La Retorna como una «obra maestra de la ingeniería«, subrayando su valor como patrimonio industrial y su papel en el desarrollo económico de la comarca.
A esta posición se han sumado los ayuntamientos de Ventrosa de la Sierra, Brieva de Cameros y Anguiano, que advierten del impacto económico y social de su desaparición. Señalan la pérdida de una fuente de energía limpia, pero también de funciones clave como la regulación del agua o el atractivo turístico del entorno.
El conflicto ha alcanzado el Parlamento de La Rioja. En marzo de 2025, el pleno aprobó instar al Gobierno a tramitar con urgencia su declaración como Bien de Interés Cultural. PP y VOX respaldaron la iniciativa, mientras que el PSOE apoyó una fórmula que plantea compatibilizar su conservación con el uso energético.
Frente a estas posiciones, sectores ecologistas e Izquierda Unida defienden la demolición como una oportunidad para recuperar el río Najerilla tras décadas de intervención humana.
La decisión del Tribunal Supremo marcará el futuro de La Retorna y fijará criterio para otros casos similares. En juego no está sólo una presa, sino el equilibrio entre la política ambiental del Gobierno y la conservación de infraestructuras históricas que siguen en uso.
