El encaje legal que ha considerado otorgar el Gobierno de Sánchez a la Generalidad en relación a la inmigración se inspira en el modelo bávaro aplicado en Alemania. Esta propuesta, sin embargo, no convence a Junts, que insiste en que la cesión de competencias debe ser total y sin matices. «Cuando hablamos de una delegación integral es integral, no un consorcio», remarcaron desde la formación liderada por Carles Puigdemont, dejando claro que no aceptarán una solución intermedia.
La idea del Ejecutivo de Pedro Sánchez consiste en permitir que los Mossos d’Esquadra se sumen a las tareas de control fronterizo junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero manteniendo la autoridad final en manos del Ministerio del Interior. Esta estrategia, destinada a cumplir con la promesa hecha a los independentistas de transferir la gestión de la inmigración a la Generalidad, no satisface las demandas de Junts, que reclama un control absoluto sobre la materia.
El portavoz de Junts, Josep Rius, reiteró en rueda de prensa que la formación no aceptará un modelo compartido. «Queremos unos Mossos d’Esquadra que actúen como una policía integral, y cuando hablamos de integral es integral, no un consorcio», subrayó, haciendo hincapié en que la presencia de la policía autonómica debe extenderse a puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
El modelo bávaro, que el Gobierno pretende adaptar a la situación catalana, otorga a la policía regional de Baviera ciertas competencias en el control de fronteras, como inspecciones aleatorias en los límites con Austria, Suiza y la República Checa. Sin embargo, la policía federal alemana conserva la responsabilidad principal sobre los controles oficiales y la gestión de expulsiones. Esta limitación es precisamente la que lleva a Junts a rechazar esta propuesta, al considerarla insuficiente.
La llamada «ley Söder», que regula este modelo en Baviera desde 2018, fue parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional bávaro tras una demanda presentada por Los Verdes. La Corte declaró inconstitucionales varios aspectos relacionados con el control efectivo en las fronteras y la gestión de expulsiones, reafirmando que estas competencias corresponden al Gobierno federal y al Ministerio del Interior de Alemania.
