En la madrugada del 20 de enero de 2020, cuando la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a España a pesar de tener prohibida la entrada al espacio Schengen, ocurrió un episodio insólito en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A pesar de la presencia habitual de un equipo de aproximadamente diez agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el lugar, ese día se decidió que sólo un par de ellos estuvieran presentes. Además, momentos antes de la llegada del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del aterrizaje del avión privado que traía a la funcionaria venezolana, se ordenó la retirada de los agentes. Esta decisión fue motivada por órdenes políticas del Gobierno.
Así lo asegura este jueves The Objective, que ha detallado que el ambiente entre los agentes del CNI se tornó tenso al no recibir una explicación clara sobre la orden de retirada, que coincidió con intensos intercambios de llamadas entre diversas entidades del Ejecutivo, incluyendo Moncloa, los Ministerios de Transportes, Interior y Exteriores. En esa noche, Ábalos recibió dos llamadas clave: una del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras activarse la alerta en la comisaría del aeropuerto por la presencia de Rodríguez en el listado de pasajeros, y otra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le exigió resolver la situación.
El plan original para la visita de Rodríguez, recogido en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), preveía una llegada discreta, sin presencia de altos cargos gubernamentales, pero con un trato digno de una figura estatal. Aunque inicialmente Ábalos no iba a recibirla, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, cercano al Gobierno, estuvieron en el aeropuerto. Las maniobras de estos actores, incluidos movimientos sospechosos de vehículos, llamaron la atención de las fuerzas de seguridad. Finalmente, la salida de Rodríguez fue gestionada, no sin dificultades, logrando embarcarla en un vuelo comercial con destino a Doha.
Otro personaje clave en esta operación fue Rubén Eladio, el hombre de confianza de Ábalos, quien se presentó en el aeropuerto antes de la llegada del ministro, actuando como «avanzadilla». Tras despejar la zona, Eladio asumió el control de la situación, lo que resultó en la plena libertad de movimientos para los colaboradores de Ábalos, mientras los agentes del CNI permanecían ausentes. Poco después, Eladio fue recompensado con un ascenso, consolidando su poder dentro del Ministerio de Transportes y del complejo gubernamental de Nuevos Ministerios.
Uno de los elementos más controvertidos de este incidente, conocido como Delcygate, son las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Días después del suceso, Ábalos intentó eliminar las cintas que podrían incriminarlo, reuniéndose con el presidente de AENA, Maurici Lucena, para exigirle el borrado del material audiovisual. Sin embargo, Lucena se negó, afirmando que no podía acceder a tal petición.
La oposición, representada por el Partido Popular, ya había denunciado el caso, lo que llevó a la judicialización del asunto en febrero de 2020. A pesar de los intentos de borrar las pruebas, las cintas nunca fueron destruidas y actualmente permanecen en poder del juez encargado del caso, gracias a que AENA las entregó conforme a la ley de protección de datos, que estipula su eliminación tras 30 días si no medía orden judicial.
