España registró en 2024 un total de 24.253 comunicaciones por indicio de posible blanqueo de capitales, la cifra más elevada de toda la serie analizada por el Tribunal de Cuentas y un volumen que prácticamente duplica las 12.631 alertas contabilizadas en 2020, según el informe de fiscalización sobre la aplicación de la normativa europea de prevención del blanqueo, tal y como adelanta The Objective.
Los datos reflejan el crecimiento sostenido de la actividad del sistema español de prevención del blanqueo de capitales en un contexto marcado por algunas de las investigaciones económicas y patrimoniales más relevantes de los últimos años, en las que han aparecido de forma recurrente criptomonedas, sociedades pantalla, operaciones inmobiliarias y estructuras financieras complejas.
Las comunicaciones por indicio son los avisos que los denominados sujetos obligados remiten al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) cuando detectan operaciones susceptibles de estar relacionadas con actividades de blanqueo. Entre estos sujetos se encuentran bancos, entidades financieras, aseguradoras, proveedores de servicios de criptoactivos, promotores inmobiliarios, casinos, joyeros, notarios y registradores, entre otros profesionales expuestos a este riesgo.
El informe del Tribunal de Cuentas constata una evolución ascendente de estas alertas durante todo el periodo analizado. Tras las 12.631 comunicaciones registradas en 2020, la cifra aumentó a 15.638 en 2021, alcanzó las 19.484 en 2022, subió hasta las 22.345 en 2023 y marcó un nuevo máximo histórico en 2024 con 24.253 comunicaciones.
No obstante, el órgano fiscalizador advierte de una carencia relevante: España sigue sin contar con una estrategia nacional específica de prevención del blanqueo de capitales que establezca objetivos concretos, indicadores de seguimiento y mecanismos que permitan evaluar con precisión la eficacia real del sistema.
Uno de los ámbitos que más protagonismo ha ganado en los últimos años es el de los criptoactivos. El informe recuerda que la Quinta Directiva europea incorporó a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos electrónicos al sistema de control. España trasladó estas obligaciones a su legislación en 2021, aunque el análisis sectorial específico de riesgos para este ámbito no fue aprobado hasta 2023.
El Tribunal también pone el foco en la desigual implicación de los distintos sectores obligados a comunicar operaciones sospechosas. En el ámbito inmobiliario, considerado tradicionalmente uno de los más sensibles para el blanqueo de capitales, únicamente 41 de los 9.187 promotores e intermediarios registrados remitieron comunicaciones por indicio durante 2024, apenas un 0,45% del total.
La proporción fue aún menor entre notarios y registradores. Según el informe, solo tres profesionales de un colectivo integrado por 3.815 sujetos sometidos a controles realizaron comunicaciones al Sepblac.
En conjunto, el sistema español contaba en 2024 con 27.645 sujetos obligados, casi el doble que al inicio del periodo fiscalizado. Sin embargo, únicamente 348 remitieron alertas por posible blanqueo, lo que representa apenas el 1,2 % del total.
